Sergio Fajardo irá a juicio ante la Corte Suprema: le imputaron dos cargos y no los aceptó

La Fiscalía fue la encargada de imputarle, ante el Tribunal Superior de Bogotá, los cargos de peculado por apropiación en favor de terceros agravado y contrato sin cumplimiento de requisitos legales, pero no pidió medida de aseguramiento.

La acusación contra Sergio Fajardo está relacionada con la celebración de un documento con Corpbanca por 77 millones de dólares cuando ejercía como gobernador del departamento, en diciembre de 2013.

Fajardo estuvo presente en la diligencia y se declaró inocente, detalló El Espectador. El exmandatario aseguró que no entiende por qué la Fiscalía “convirtió en delito” los hechos y añadió, citado por El Tiempo:

 “Jamás he cometido delito alguno, ni en mi vida privada ni en toda mi trayectoria como servidor público. Espero que la Fiscalía me permita demostrar mi inocencia sin demora ante la Corte Suprema de Justicia“.

Justamente, al no aceptar los cargos imputados tendrá que ir a juicio ante la alta corte.

La Fiscalía también compulsó copias a la Dirección Especializada contra la Corrupción para que se indaguen las actuaciones de otros funcionarios no aforados o particulares en la celebración del dicho contrato.

¿Por qué le imputaron cargos a Sergio Fajardo?

El lío jurídico se remonta a que el entonces gobernador hizo una sustitución de deudas que consistió en pedir un préstamo para cubrir las obligaciones de Antioquia con algunos bancos, pero asumiendo obligaciones mayores con Corpbanca, cuyo representante fue Andrés Felipe Caballero.

Fajardo, dice la Fiscalía, “fue el ordenador del gasto, firmó el contrato y el pagaré que garantizaba el empréstito” y como gobernador departamental “tenía responsabilidad y posición de garante en las decisiones administrativas relacionadas con este contrato”.

El ente acusador detalló que tiene pruebas para demostrar que la administración de Fajardo no hizo “un estudio sobre la necesidad de suscribir un contrato de empréstito en moneda extranjera. Tampoco existió una proyección que advirtiera sobre la volatilidad del dólar, ni se blindó la contratación con un seguro de riesgo cambiario”.

Eso provocó un aumento de la deuda, explicó la fiscal octava delegada ante la Corte Suprema:

“Al momento del desembolso, en 2013, el dólar costaba 1.926 pesos. En 2015, su valor superaba los 3.140 pesos. En ese sentido, la obligación interna contraída en dólares originó un presunto detrimento fiscal por la devaluación del peso que, a corte de 2020, ascendió a un monto estimado de 320.000 millones de pesos”.

Esta situación, detalla la investigación, provocó el aumento de la deuda general del departamento de Antioquia que, en su momento, pasó de 600.000 millones de pesos a cerca de 1.2 billones de pesos colombianos.