Retrasos, quejas laborales y dudas técnicas: la reconstrucción de la vía Arma-La Pintada en la cuerda floja

El proyecto de pavimentación de la vía Arma - La Pintada, ubicado en el departamento de Caldas, Colombia, atraviesa una situación compleja debido a significativos retrasos en su ejecución, denuncias relacionadas con derechos laborales y cuestionamientos sobre la calidad constructiva. El plazo inicial de la obra, gestionada con fondos públicos, se ha excedido en más de un año y medio y permanece suspendida desde agosto de 2025. Esta parálisis se da en un contexto en el que aflora el descontento entre algunos trabajadores, quienes han denunciado demoras en los pagos, condiciones laborales precarias y la utilización de técnicas constructivas que podrían comprometer la durabilidad de la vía, como el levantamiento de cunetas sin refuerzo metálico, lo cual fue reportado por el diario LA PATRIA.

Uno de los obreros desvinculados del proyecto relató a LA PATRIA que, además de no recibir un pago superior al millón de pesos, fue apartado tras cuestionar la falta de elementos de protección y manifestar preocupaciones por la calidad técnica del proceso constructivo. Según su testimonio, estructuras cruciales como las cunetas fueron hechas sin hierro en el concreto, aunque su aspecto sea aparentemente correcto. Esta situación suma inquietud en un sector frecuentemente señalado por la vulnerabilidad laboral y la informalidad, una problemática recurrente en la infraestructura pública en la región.

La Gobernación de Caldas respondió a estos señalamientos citando el Manual de Drenajes del Instituto Nacional de Vías (Invías), que establece la no obligatoriedad del refuerzo metálico en cunetas cuando no hay tránsito vehicular sobre ellas. Además, aseguró que no se han detectado defectos funcionales hasta la fecha y que los elementos de protección han sido suministrados según lo estipulado en la ley. Respecto a los reclamos de índole salarial, la administración departamental explicó que no existen reportes oficiales y que, a efectos contractuales, los procesos deben realizarse ante el consorcio responsable y la aseguradora, ya que el proyecto aún no ha sido entregado formalmente.

La situación evidencia un escenario multidimensional donde las garantías técnicas y los derechos laborales convergen, tal como lo señalan especialistas en infraestructura consultados por LA PATRIA. Según el ingeniero Jorge Mejía Arango, es fundamental que tanto la interventoría como el ente contratante ejerzan una vigilancia estricta para asegurar la calidad de la obra y el respeto de las obligaciones éticas y contractuales, evitando así que asuntos de fondo queden en segundo plano.

El retraso también se explica por obstáculos logísticos, como la interrupción momentánea de la producción de asfalto —insumo clave en el proceso de pavimentación— detallado por la Secretaría de Infraestructura local. Las dinámicas administrativas asociadas a la transición gubernamental han añadido dificultad, ejemplificando los retos en la continuidad de los proyectos de infraestructura cuando cambian las administraciones, un aspecto que genera preocupación sobre la eficiencia del gasto público y el destino final del proyecto, tal como ocurre con otros casos emblemáticos conocidos como “elefantes blancos” en Caldas.

Este caso pone de relieve la importancia de garantizar transparencia y protección social a los trabajadores en los contratos estatales de obra pública. Informes de medios como El Espectador y estudios de la Fundación Friedrich Ebert refrendan la existencia de mecanismos insuficientes para tramitar quejas laborales y garantizar derechos básicos, así como la frecuente presencia de formalidad aparente y falta de acceso a la seguridad social. La problemática documentada en el proyecto Arma - La Pintada se suma a un cúmulo de evidencias acerca de la necesidad de fortalecer los sistemas de supervisión y control independiente, que aseguren tanto la idoneidad técnica de las construcciones como la protección de las personas involucradas.

De esta manera, la reconstrucción de la vía Arma - La Pintada constituye no solo una mejora física en las vías de comunicación, sino también un caso paradigmático sobre los desafíos en la supervisión, administración y protección de derechos en los megaproyectos públicos en Colombia. Para que estos aporten al desarrollo sostenible y no se conviertan en cargas futuras para la región, expertos citados por The New York Times y la Fundación Friedrich Ebert insisten en la urgencia de fomentar procesos de rendición de cuentas y participación ciudadana constantes.

¿Por qué es importante el refuerzo con hierro en las cunetas?
La inquietud técnica sobre la ausencia de refuerzo metálico en las cunetas radica en la preocupación por la durabilidad y resistencia estructural de estas obras, especialmente ante la exposición constante al agua y posibles cargas externas. El Manual de Drenajes del Instituto Nacional de Vías (Invías) aclara que en aquellas cunetas donde no se prevé tránsito vehicular no es obligatorio el uso de hierro como refuerzo. No obstante, la percepción de los trabajadores y la vigilancia técnica sobre el cumplimiento de estos estándares resulta clave para prevenir futuras afectaciones que puedan demandar intervenciones adelantadas o incrementar los riesgos viales.

El tema cobra especial relevancia porque en Colombia y otros países de la región, el deterioro prematuro de infraestructuras públicas a menudo ha estado asociado a prácticas de ahorro excesivo en materiales o fallas en la supervisión, lo que representa un riesgo tanto para el patrimonio público como para la seguridad de quienes hacen uso de estas vías. Por ello, es esencial que todos los procedimientos se ajusten estrictamente a la normativa técnica nacional.

¿Qué papel cumplen la interventoría y la aseguradora en proyectos de infraestructura pública?
La interventoría es la figura encargada de la supervisión técnica, administrativa, financiera y legal de la ejecución de los contratos públicos, garantizando que se cumpla con los estándares exigidos por la ley y las especificaciones del contrato. La aseguradora, por su parte, respalda la estabilidad y la cobertura de defectos estructurales una vez entregada la obra, tal como sucede con la póliza de estabilidad de cinco años mencionada por la Gobernación de Caldas.

El correcto funcionamiento y la articulación entre interventoría y aseguradora ofrecen garantías a los ciudadanos y a los entes financiadores, ya que permiten detectar y corregir a tiempo posibles irregularidades técnicas y asegurar la reparación de fallas que surjan en el periodo posterior a la entrega. Sin embargo, la efectividad de estas figuras depende de su independencia, del acceso oportuno a la información y del cumplimiento riguroso de sus funciones dentro del marco contractual contemplado.