Nuevo golpe para el entorno de Petro: contundente fallo judicial abrió camino a paso de Fiscalía

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La defensa técnica de Nicolás Petro, el hijo mayor del expresidente, buscaba anular un acuerdo procesal suscrito en el caso que se lleva en su contra.

Así como Abelardo de la Espriella le dio un puestazo a un acérrimo enemigo de Gustavo Petro, otra decisión marca un golpe para los intereses de los allegados al expresidente colombiano.

Un juez de segunda instancia confirmó la plena validez del principio de oportunidad pactado entre la Fiscalía General y Day Vásquez en el juicio contra Nicolás Petro. La decisión ratifica a la expareja como la testigo principal contra el exdiputado.

La defensa técnica del hijo mayor de Gustavo Petro buscaba anular el acuerdo procesal suscrito por la testigo. Sin embargo, los despachos judiciales desestimaron las pretensiones planteadas por los juristas del exdiputado del Atlántico.

Inicialmente, un juzgado de primera instancia rechazó los recursos presentados por la representación del procesado. El juzgador determinó que el beneficio jurídico otorgado a Vásquez cumplió exhaustivamente todas las exigencias legales vigentes.

Los abogados defensores interpusieron un recurso de apelación buscando revertir el dictamen inicial. Pese a los reclamos formulados, el superior jerárquico avaló las actuaciones previas desarrolladas dentro del marco procesal penal.

De acuerdo con información revelada por Revista Semana, la solicitud interpuesta por los apoderados del investigado y de Laura Ojeda resultaba improcedente para revocar la condición de testigo otorgada a Vásquez. El fallo judicial precisó expresamente la legalidad de la actuación.

“La delegación formal de una solicitud por carecer de los presupuestos sustanciales de procedibilidad no constituye bajo ninguna circunstancia una vía de hecho o un acto de negación de justicia, sino la salvaguarda de las formas propias de cada juicio y la garantía objetiva de ordenamiento procesal penal”, señaló la decisión que confirmó el principio de oportunidad de Day Vásquez.

La ratificación jurídica se produce días antes de la acusación formal contra el imputado por supuestas anomalías contractuales. Las pesquisas analizan convenios suscritos con la Gobernación del Atlántico mediante una entidad sin ánimo de lucro.

Con esta resolución definitiva, la representación de Nicolás Petro pierde una ficha determinante para desestimar las pruebas del ente acusador. La Fiscalía busca una condena por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

El testimonio de Day Vásquez representará la base probatoria central durante las audiencias del juicio oral. El ente investigador pretende demostrar las presuntas irregularidades financieras cometidas por el exdiputado durante su gestión pública en la región del Atlántico.

Las autoridades judiciales competentes continuarán con el cronograma previsto para avanzar en las diferentes etapas correspondientes al proceso penal iniciado. Las partes involucradas deberán acudir a las citaciones programadas para definir el curso del juzgamiento.

¿Por qué es el juicio contra Nicolás Petro?

El proceso penal contra Nicolás Petro Burgos responde a investigaciones por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito de servidor público.

La Fiscalía General de la Nación imputó estos cargos tras detectar un incremento patrimonial injustificado durante su desempeño como diputado de la Asamblea del Atlántico.

Las pesquisas iniciales comenzaron luego de las revelaciones de su expareja, Day Vásquez, sobre la recepción de grandes sumas de dinero en efectivo.

Según el ente acusador, estos recursos financieros provenían de personas cuestionadas y tenían como destino original la campaña presidencial del año 2022.

El ente investigador sostiene que Petro Burgos no justificó el origen de más de mil millones de pesos destinados a la compra de lujosos inmuebles.

Paralelamente, la Fiscalía adelanta un segundo frente de investigación por presunta corrupción en la contratación pública del departamento del Atlántico.

Este expediente analiza la firma irregular de convenios entre la Gobernación del Atlántico y la Fundación Conciencia Social para beneficiar a terceros.

Los fiscales buscan determinar la apropiación indebida de dineros públicos mediante el direccionamiento estratégico de estos contratos estatales.

El caso judicial continúa en etapa de juzgamiento formal, donde las autoridades evaluarán los testimonios clave y las pruebas documentales aportadas.