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Desde presidencia se anunció el día cívico en todo el país, aunque la Alcaldía de Bogotá confirmó que no acatará la medida. Esto debe tener en cuenta.
El presidente Gustavo Petro anunció que el próximo martes, 18 de marzo, será día cívico en todo el país, la administración distrital aseguró que las clases en colegios públicos no serán suspendidas y que todos los servicios del Distrito funcionarán con normalidad luego de que la Alcaldía de Bogotá no acatará la medida, según lo indicado por el alcalde Carlos Fernando Galán.
De acuerdo con la legislación colombiana, un día cívico es una jornada que instaura una regla para todos los servidores y/o funcionarios públicos, para que no tengan que trabajar ni hacer sus funciones diarias.
Es decir, que este martes 18 de marzo de 2025, los trabajadores del estado no estarán obligados a ejercer sus labores.
(Vea también: Cuántos días al mes podrán trabajadores pedir permiso en empresas; los motivos son claros)
De hecho, el ministro de trabajo, Antonio Sanguino, resaltó en 6AM de Caracol Radio que nadie en el sector público ni privado puede ser objeto de represalias si decide participar en las movilizaciones, es decir, quienes deseen estar, no se puede negar el derecho.
Actualmente, no hay un decreto que defina las instrucciones para los colegios e instituciones educativas oficiales para este día; sin embargo, el alcalde Galán anunció que Bogotá no se sumará al día cívico y por su cuenta de X (antes Twitter) señaló que habrá normalidad en las clases:
“Los 710.000 estudiantes de colegios públicos de la ciudad tendrán clase presencial y alimentación escolar”, indicó.
Y que además, todos los servicios del Distrito funcionarán con normalidad, incluidos los jardines infantiles, comedores comunitarios, centros día para la vejez, entre otros,
Los colombianos que pertenecen a entidades que tienen servicios públicos esenciales como la Policía, servicios de emergencias, salud pública, movilidad y los trabajadores de empresas privadas trabajarán normalmente.
La prioridad es garantizar la continuidad de los servicios que protegen la vida, la seguridad y el bienestar de la población. Cada entidad pública debe evaluar cuáles de sus funciones son esenciales y asegurar la presencia del personal necesario.
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