Uribe pide penas privativas de libertad de 5 y 8 años para responsables de delitos atroces

Estas podrían ser cumplidas en sitios diferentes a cárceles, como granjas agrícolas.

Entre estos crímenes se cuentan, entre otras, el genocidio, la violencia sexual, la tortura, la toma de rehenes, y el reclutamiento de menores.

La propuesta fue hecha este domingo por el expresidente en un comunicado de prensa y un video.

Resulta llamativo que lo que propone el expresidente ya está plasmado en los acuerdos, que prevén que los autores de ese tipo de crímenes tendrán la oportunidad de confesar toda la verdad, reconocer su responsabilidad y reparar a sus víctimas y recibir una pena alternativa (a la cárcel), o sanciones restrictivas que van de 5 a 8 años.

De hecho, los acuerdos también prevén que quienes confiesen estos delitos tardíamente tendrán penas de cárcel de 5 a 8 años; y que quienes no los confiesen y se les pruebe que los cometieron tendrán pena de entre 10 y 20 años de cárcel.

Probablemente lo que diferencia su propuesta es lo que se entiende por “pena restrictiva de la libertad”, que para Uribe significa “reclusión efectiva, pena privativa de la libertad”.  

En declaraciones previas al plebiscito, el negociador Humberto de la Calle dijo que estas penas o sanciones están relacionadas con actividades reparadoras con las víctimas, como el desminado, la reconstrucción de instalaciones e infraestructura destruidas y los daños ecológicos. Para el expresidente “pena restrictiva de la libertad” significa encierro, así sea en colonias agrícolas. Cualquier modalidad diferente, como la explicada por de la Calle, podría ser ‘simbólica’, no real.

Uribe también insistió en revisar los privilegios al partido de las Farc.

Aunque no lo específico, ha sido crítico principalmente de la concesión de curules a las Farc en el Congreso, 5 en Cámara y 5 en Senado por 2 períodos, aunque la campaña del Centro Democrático hablaba, equivocadamente, de 26.

Lo otro que ha criticado el Centro Democrático es la financiación del partido de las Farc con dineros estatales.

“Los candidatos de las Farc tendrán derecho a recibir del Estado antes de la campaña el 10 por ciento del tope (que para 2014 fueron 740 millones), y no tendrán que devolver esa plata si demuestran que se la gastan en la campaña, así no consigan los votos”, dice La Silla Vacía, calificándolo como un sapo grande, pues se asume que las Farc tienen dinero resultado de sus actividades criminales.

Uribe reiteró su rechazo a la elegibilidad política de responsables de delitos atroces; es decir, que pudieran llegar por voto popular a cargos y corporaciones públicas, por ejemplo alcaldías, gobernaciones, consejos, asambleas, congreso y hasta la presidencia.

De hecho, una de las piezas publicitarias más polémicas y efectivas de los promotores del No en el plebiscito fue una valla en la que se anticipaba a alias ‘Timochenko’ como presidente de la República.

De no excluirse, debería meditarse en el efecto sobre quienes no gozan de derechos políticos como condenados por proceso 8 mil y parapolítica, los paramilitares, aquellos que han perdido investiduras de representación y los 140 mil presos. Preocupa que todo premio a la violencia se traduzca en más violencia”, dice Uribe.

Hasta aquí lo que propone Uribe podría ser precisado sin necesidad de alterar los textos de los acuerdos, como recuerda la revista Semana que propuso el jurista Rodrigo Uprimny.

“(Las preocupaciones de quienes votaron el No) se concentran en el castigo con cárcel para los culpables de delitos atroces, la no elegibilidad para los mismos, y la reparación real a las víctimas. En los dos primeros, los acuerdos contienen detalles indefinidos que se podrían concretar en la fase de ejecución. Se podría hacer explícito qué significa “restricción de la libertad” y definir cuáles guerrilleros pueden ser elegidos y cuáles no. Sin modificar los textos, estos puntos podrían endurecerse”, dice Semana.

Luego agrega: “como es prácticamente seguro que las cabezas de las Farc prefieren volver al monte antes de ir a prisión, una fórmula intermedia sería dejar claro de una vez por todas cuáles serían las locaciones y condiciones de reclusión una vez condenados, para que la opinión sienta que la restricción de libertad no es simbólica y está sujeta al control de las autoridades. Además, que quede claro que los condenados no van a ir al Congreso mientras no cumplan su pena”.

Las otras propuestas de Uribe

• Que el narcotráfico no sea considerado como delito político, y que tal como está contenido en los acuerdos firmados con la paz, lo convertirían en un delito amnistiable.
• Que se cree en la Corte Suprema la Sala Transicional y la doble instancia, “retroactiva por cierto”. El Tribunal de Justicia Transicional pactado con las Farc es un ente autónomo a la justicia ordinaria. Con esta propuesta estaría enmarcado en la justicia ordinaria.
• Que se conceda una amnistía, sin desmovilización total inmediata, a guerrilleros rasos, no incursos en delitos de lesa humanidad.
  Comentario: Si hubiera triunfado el Sí, esta amnistía ya se estaría tramitando en el Congreso. Con esa amnistía estarían cubiertos aquellos que ya están en la cárcel por rebelión y otros delitos conexos. Aquí la polémica es qué hubiera sido considerado delito conexo, por ejemplo el narcotráfico. Ya es clara la posición de Uribe en el sentido de que el narcotráfico no puede considerarse delito político.
• Que se contrate a los amnistiados la destrucción remunerada de los cultivos ilícitos para garantizar sus ingresos.
• Que se trámite en el Congreso de una norma de alivio judicial para soldados y policías, “alivio sin impunidad y sin igualarlos a Farc”, dice Uribe.
• Privilegiar la erradicación manual de drogas ilícitas, sin que el Gobierno pierda la facultad de fumigar cuando lo estime conveniente, siempre con el cuidado de no hacer daño al ser humano, a los animales ni a otros recursos naturales.
  Comentario: “El alto comisionado para la paz, Sergio Jaramillo, señaló que no hubo ningún acuerdo con las Farc, respecto al tema de la fumigación aérea con glifosato”, según reseña El Heraldo.
• Que los acuerdos no afecten a propietarios o poseedores (de tierras) honestos, cuya buena fe debe dar presunción, no desvirtuable, de ausencia de culpa. El apoyo al campesino no implica desconocer la necesidad de la empresa agropecuaria transparente.
• Que los compromisos con las Farc se cumplan dentro de las posibilidades fiscales y financieras del país; esto es, sin afectar la regla fiscal, la confianza de inversión del sector privado, la competitividad, los programas sociales como educación universal y de calidad, sin afectar la capacidad adquisitiva de los ciudadanos.
• Que los compromisos con Farc no limiten la descentralización ni la obligación de alcaldes y gobernadores de atender con equidad las necesidades de todos los ciudadanos.
• Que las consultas a comunidades se limiten en el tiempo por decretos reglamentarios del Gobierno, a fin de que no entorpezcan el desarrollo equilibrado de la Nación.