Procuraduría pone contra pared a Benedetti y Angie Rodríguez por caso de Gobierno Petro con exparas
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El ente de control busca establecer si ambos funcionarios conocieron o participaron en un presunto plan contra figuras políticas de Colombia.
En medio de anuncios contundentes de organismos del Estado, la Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria contra Armando Benedetti, exministro del Interior, y Angie Rodríguez, exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE).
El ente de control busca establecer si ambos funcionarios conocieron o participaron en un presunto plan para que exjefes paramilitares señalaran a Abelardo de la Espriella, Álvaro Uribe y Germán Vargas Lleras, según replicó Noticias RCN sobre el documento que oficializó la medida.
#ATENCIÓN | La Procuraduría abre investigación disciplinaria contra Armando Benedetti y Angie Rodríguez por los distintos señalamientos del ‘Pacto de Valledupar’. https://t.co/LBXGvl9pCg
— Noticias RCN (@NoticiasRCN) October 20, 2026
Las indagaciones apuntan a determinar posibles señalamientos sobre vínculos con esas organizaciones criminales durante la contienda electoral de 2026.
El proceso examina minuciosamente lo sucedido en la mesa de diálogo social realizada en Valledupar en octubre de 2025.
Dicho encuentro se desarrolló en el marco de las iniciativas de paz impulsadas por la administración del entonces mandatario Gustavo Petro.
El excomandante paramilitar Salvatore Mancuso soltó detalles sobre las reuniones confidenciales sostenidas con delegados oficiales durante el denominado Pacto de Valledupar en el gobierno de Gustavo Petro.
Según sus declaraciones, voceros del Ejecutivo solicitaron a los antiguos jefes de las Autodefensas Unidas de Colombia acusar públicamente a los tres mencionados dirigentes de la oposición política.
Las revelaciones indican que la petición buscaba incriminar al expresidente Álvaro Uribe Vélez, al exprocurador Alejandro Ordóñez y al excandidato presidencial Germán Vargas Lleras antes de las elecciones.
Mancuso afirmó que los delegados gubernamentales condicionales la continuidad del proceso de paz a la entrega de testimonios incriminatorios contra estos líderes de la derecha colombiana.
Sin embargo, el antiguo jefe paramilitar aseguró que la totalidad de los excomandantes reunidos rechazó enfáticamente la propuesta realizada por los emisarios de la administración nacional.
El exlíder de las AUC explicó que la negativa unánime causó un profundo malestar entre las partes, provocando la ruptura inmediata de la mesa de negociación en la capital cesarense.
Estas declaraciones coincidieron con los testimonios entregados ante las autoridades judiciales por la exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, Angie Rodríguez.
La exfuncionaria confirmó la existencia de las presiones institucionales dirigidas a instrumentalizar el proceso de paz con fines estrictamente electorales y políticos durante dicha coyuntura.
Ante la gravedad de las acusaciones, la Procuraduría General de la Nación abrió investigaciones disciplinarias para establecer las responsabilidades de los altos funcionarios salpicados.
Igualmente, la Fiscalía General de la Nación inició las indagaciones correspondientes para verificar la veracidad de los hechos denunciados por el exjefe paramilitar en los estrados.
El caso desató una intensa controversia política en el país sobre el uso ético de las instituciones estatales y los procesos de paz en coyunturas electorales.
Analistas y sectores sociales exigen celeridad a los organismos de control para esclarecer el alcance de los compromisos buscados en las reuniones confidenciales celebradas en Valledupar.
Las autoridades judiciales continúan acopiando material probatorio y testimonios para determinar si existieron faltas disciplinarias o conductas punibles por parte de los antiguos delegados gubernamentales.
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