'Papá Pitufo' demanda a la Nación y pide que Colombia le pague millonada: estas son sus razones

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La acción responde a las actuaciones desarrolladas con ocasión de la orden de captura con fines de extradición dictada en su contra en 2024.

En medio de las incidencias y preocupaciones en Colombia, Diego Marín Buitrago, conocido como alias ‘Papá Pitufo’, su esposa Liset Samboní y sus tres hijos presentaron una demanda de reparación directa contra la Nación.

El recurso judicial abarca a la Fiscalía General de la Nación, la Rama Judicial y los ministerios de Justicia y del Derecho y de Relaciones Exteriores.

La acción responde a las actuaciones desarrolladas con ocasión de la orden de captura con fines de extradición dictada en su contra en 2024.

La demanda sostiene que las actuaciones adelantadas dentro del trámite de extradición le habrían causado afectaciones emocionales y psicológicas a Marín Buitrago y a integrantes de su familia.

El expediente enfrentó una inadmisión inicial en agosto, luego de lo cual los demandantes radicaron un nuevo escrito de subsanación ante el despacho correspondiente.

En el documento se plantea que la responsabilidad de las entidades demandadas estaría relacionada con un supuesto error jurisdiccional de la Rama Judicial.

Asimismo, alegan una presunta falla en el servicio atribuida a la Fiscalía General de la Nación y a los ministerios de Justicia y del Derecho y de Relaciones Exteriores.

El trasfondo judicial concierne a las indagaciones de la Fiscalía contra Diego Marín Buitrago por concierto para delinquir agravado y cohecho por dar u ofrecer.

En dicho proceso se le señala como presunto Zar de Contrabando, articulador de actividades de contrabando en puertos y rutas comerciales de diferentes ciudades del país.

Uno de los argumentos centrales de la demanda está relacionado con el momento en que, según los demandantes, se habría configurado el daño que pretenden reclamar.

El documento señala que la orden de captura fue expedida el 11 de marzo de 2024 por el Juzgado 48 Penal Municipal con Función de Control de Garantías.

Sin embargo, sostiene que sus efectos dañosos se concretaron con la captura de Marín Buitrago en Valencia (España) el 5 de abril de 2024.

De acuerdo con la demanda, posteriormente se produjo una nueva privación de la libertad en Portugal, el 3 de diciembre de 2024. Dicha detención se extendió hasta el 9 de junio de 2025, cuando Marín Buitrago quedó en libertad provisional luego de una acción de hábeas corpus.

Los demandantes sostienen que el daño se concretó con la materialización de la orden de captura en España y se extendió con la privación en Portugal.

La pretensión económica asciende a 400 salarios mínimos, aproximadamente 700 millones de pesos, para Diego Marín Buitrago, su esposa y sus tres hijos.

La demanda plantea que los integrantes de la familia también habrían presentado afectaciones psicológicas derivadas del proceso penal y del trámite de extradición.

Antes de presentar esta nueva etapa judicial, en diciembre de 2025 se llevó a cabo una audiencia de conciliación ante la Procuraduría de forma previa. Sin embargo, el procedimiento terminó sin acuerdo entre las partes reunidas.

En el acta quedó consignado que, ante la falta de ánimo conciliatorio de la parte convocada, la Procuradora Judicial declaró fallida la audiencia.

Por tal motivo, dio por surtida la etapa conciliatoria y por terminado el procedimiento extrajudicial correspondiente.

Con la nueva subsanación, los demandantes buscan que avance el medio de control de reparación directa ante la jurisdicción contencioso administrativa.

El objetivo consiste en examinar detenidamente las supuestas fallas institucionales derivadas del trámite que motivó la detención internacional de Marín Buitrago.

Diego Marín Buitrago, conocido con el alias de ‘Papá Pitufo’, es un empresario colombiano señalado por las autoridades y organismos judiciales como el ‘Zar del Contrabando’.

Las investigaciones de la Fiscalía General de la Nación lo vinculan como presunto articulador de amplias redes ilegales de contrabando que operaban en los principales puertos y rutas comerciales del país. Enfrenta procesos penales por concierto para delinquir agravado y cohecho.

Así, luego de ser capturado internacionalmente en España y Portugal para su extradición, interpuso acciones legales contra el Estado colombiano para exigir indemnizaciones económicas por supuestos perjuicios emocionales.