Indignación: padres habrían entregado a su hija a un 'gota a gota' como garantía de pago

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Se conoció que la menor habría sido entregada por un periodo determinado al prestamista y posteriormente regresó a su hogar en estado de embarazo.

Un grave hecho denunciado por autoridades locales ha generado conmoción en el departamento del Atlántico. El alcalde de Sabanalarga, José Elías Chams, reveló un presunto caso en el que una pareja habría entregado a su hija menor de edad a un prestamista informal, como garantía de una deuda bajo la modalidad conocida como “gota a gota”.

Según el mandatario, el caso salió a la luz tras un consejo de seguridad realizado en el municipio de Baranoa, liderado por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, en el que se analizaron problemáticas de extorsión y criminalidad en la región.

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De acuerdo con lo expuesto por Chams, la menor habría sido entregada por un periodo determinado al prestamista y posteriormente regresó a su hogar en estado de embarazo, en un hecho que el alcalde calificó como “deleznable”.

“Una persona debe un dinero a cuentagotas y le entrega su hija para que la use 30 o 60 días y luego se la entrega embarazada”, expresó el mandatario, según versiones divulgadas en medios regionales y redes sociales.

El funcionario también advirtió que el caso no ha sido formalmente denunciado ante las autoridades judiciales, lo que podría evidenciar temor entre las víctimas o el entorno en el que se habría presentado la situación.

Este hecho, según autoridades locales, refleja la gravedad del fenómeno del crédito ilegal en el Caribe colombiano. En municipios como Sabanalarga, Baranoa y Soledad, las redes de “gota a gota” han operado durante años mediante intimidación, altos intereses y, en algunos casos, violencia.

De acuerdo con reportes conocidos en la región, estas estructuras han evolucionado hacia redes criminales más complejas, vinculadas no solo a la extorsión, sino también a otras formas de vulneración de derechos, especialmente en poblaciones vulnerables.

Tras la denuncia, el Gobierno Nacional anunció medidas para enfrentar la extorsión en el departamento. El ministro de Defensa confirmó el despliegue de unidades del Gaula, un pelotón adicional del Ejército Nacional y equipos de Policía Judicial, con el objetivo de desarticular estas organizaciones ilegales.

Por su parte, el alcalde Chams solicitó el fortalecimiento del pie de fuerza y mayores recursos para seguridad, advirtiendo que este tipo de hechos evidencian una profunda crisis social y económica.

Como parte de la estrategia para mejorar la respuesta institucional, se confirmó la ampliación del sistema de videovigilancia en el Atlántico. El número de cámaras pasará de 411 a 580 en al menos 18 municipios, buscando mayor control en zonas donde operan estas redes ilegales.

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La comunidad espera que la Fiscalía General de la Nación inicie una investigación de oficio para esclarecer los hechos, ubicar al presunto responsable y determinar posibles responsabilidades penales tanto de los implicados como del entorno que permitió la situación.

El caso ha reabierto el debate sobre el impacto del crédito ilegal en las poblaciones más vulnerables y los riesgos extremos a los que pueden quedar expuestos niños y adolescentes en contextos de crisis económica.