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Se trata de un acuerdo clave que están construyendo en conjunto varias entidades del Gobierno Nacional y los municipios afectados por el conflicto en la región.
El Pacto Social para la Transformación Territorial del Catatumbo es la gran esperanza de las comunidades de la región porque sí incluye una gran articulación de diferentes sectores para la ejecución de obras.
El Departamento Nacional de Planeación (DNP) ha suscrito en total 11 pactos de este tipo que han beneficiado a 16,5 millones de personas en 14 departamentos. La inversión asciende a los 14,3 billones de pesos para 278 proyectos priorizados que van en un 76 % de ejecución, aunque faltan 131 que no han comenzado y están en proceso de estructuración.
(Vea también: Campesinos del Catatumbo celebran extensión del cese al fuego con parte de las disidencias)
Puntalmente, este acuerdo contempla proyectos de inversión de impacto regional, una oferta institucional articulada con enfoque territorial, mejoras para el conocimiento con una red educativa y acuerdos con las comunidades, sus organizaciones, con el pueblo Barí y los gobiernos locales y departamentales.
Las comunidades llevan varios meses participando en mesas de diálogo. Antes de terminar julio se espera que completen la identificación de los proyectos para estructurarlos y definir cómo se ejecutarán y con qué recursos. No se ha firmado porque todavía hay temas por acordar, pero se espera que este mes esté listo el documento de implementación.
En este video puede ver cómo las comunidades hablan de la articulación para lograr este y otros acuerdos.
Raúl Delgado, director de la Agencia de Renovación del Territorio (ART), aseguró ante las comunidades del Catatumbo que la mejor manera de articular a todos los actores que pueden hacer posible una transformación son los pactos territoriales:
“El presidente hizo un compromiso para transformar el Catatumbo en una región de vida y ahí propuse al DNP que impulsáramos el pacto. Aquí tiene que ver todo porque el pacto va a contener las iniciativas y proyectos más importantes de los PATR, con la ventaja de que van a concurrir todas las entidades nacionales, maás la Gobernación [de Norte de Santander], más los municipios, el sector privado y las comunidades en un solo esfuerzo”.
Con él coincidió Juan Carlos Quintero, presidente de la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat), quien dijo en Pulzo que ese ensamble va en línea también con el PDET de la subregión.
“Las iniciativas tienen que armonizarse en un solo instrumento para que, partiendo del diagnóstico y el consenso comunitario, llegue un proceso de implementación que permita ver en la práctica, más allá de las reuniones, la transformación que promete el Acuerdo de Paz de 2016 para las regiones que han estado abandonadas historicamente y que siguen sufriendo por el conflicto armado”, explicó Quintero.
Por su parte, Saúl Cáceres, presidente Asociación Nacional Agraria Campesina, añadió en este medio que lo más importante es lograr “que se inyecten todos los recursos para que los proyectos se ejecuten y puedan sacar a las comunidades del atraso y de esa deuda que tiene el Estado. Que la inversión social llegue al territorio y no quede en una palabra”.
Cáceres detalló que se está trabajando en 6 ejes y dio ejemplos de los resultados que esperan: “Si pensamos construir territorio, tenemos que pensar en las vías para que la economía suba; necesitamos avanzar más en la educación, que la universidad del Catatumbo sea una realidad; si es en la salud, el hospital de tercera en Ocaña es importante para la región”.
Justamente, la universidad es uno de los proyectos que más avanzado está y hay varias entidades nacionales enfocadas en que la construcción comience pronto y finalice en 24 meses.
El Pacto Catatumbo busca “comprometer recursos en este periodo, pero también en futuras vigencias y que eso permita hacer una transformación real en el territorio en educación, en salud, vías, vivienda, agua potable, derechos humanos, alimentación y medio ambiente. Es muy positivo”, añadió Aleider Contreras, presidente de la JAC de la vereda San José del Tarra, del municipio de Hacarí.
El director Delgado intentó dar un parte de tranquilidad a las comunidades señalando que tendrán mayor seguridad en lo que necesitan:
“Ustedes reclaman la plata y en un pacto va eso: cuánto pone la Nación, cuánto pone la gobernación, cuánto ponen las alcaldías, cuánto pone la cooperación internacional y cuánto pone el sector privado para un conjunto de proyectos de transformación que van de la mano con las iniciativas PDET más estratégicas y los proyectos seleccionados”.
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Además, Delgado aseguró que “el pacto territorial tendrá un enfoque étnico sí o sí”. Y es que justamente el diálogo con las comunidades indígenas es uno de los avances pendientes. Delgado dijo que en os próximos días se le presentarán al pueblo Barí los avances del pacto para “terminar de construir el capítulo étnico. Además, habrá una reunión sobre seguridad alimentaria, sobre tierras y el cumplimiento de la sentencia“.
Se refiere a las sentencias de la Corte Constitucional que las comunidades indígenas de todo el país esperan que se cumpla y que tiene que ver con sus territorios.
Alexánder Dora, coordinador de derechos humanos y delegado del Mecanismo Especial de Consulta (MEC) de la comunidad Motilón del pueblo Barí, dijo en Pulzo que “deben cumplir las consultas previas para que desarrollen sus proyectos. Hay una posición clara: si el Gobierno Nacional cumple la sentencia, puede ser que haya viabilidad para el pacto; de lo contrario, no se permitirá avanzar”.
En ese sentido, Dora dijo que si se cumplen las sentencias, se podrán ver avances en proyectos productivos, agrícolas, de vivienda, educación, comunicación y caminos ancestrales.
Por eso, las esperanzas están puestas allí y así lo dejó ver también Gustavo Sánchez, representante de la mesa comunitaria del municipio de Sardinata y delegado de las víctimas del conflicto:
“Esperamos que con el pacto el Catatumbo sea una potencia de desarrollo, turismo, mejor calidad de vida y que posiblemente la paz en el territorio se logre, aprovechando que están los dialogos con los dos grupos armados”.
A lo que Cáceres, representante nacional campesino, se le sumó diciendo que esperan que “las iniciativas puedan movilizarse más rapido en el pacto y que se logre hacer en otras regiones”.
En resumen, el documento buscará asegurar la “justicia social y ambiental, soportado en una red educativa y una estructura productiva que promueva la diversificación y la reconversión productiva” a través de 6 ejes:
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