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En las últimas horas, Otti Patiño, consejero comisionado de Paz, se refirió a la advertencia de la Defensoría del Pueblo antes de que estallara la crisis.
Otty Patiño, comisionado consejero de paz de Colombia, admitió que el Gobierno no actuó al conocer las alertas sobre el creciente conflicto en la región del Catatumbo que llegó a Gustavo Petro a expedir decreto de conmoción interior.
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Este enfrentamiento, que se intensifica desde el 16 de enero, ya ha dejado un saldo de entre 60 y 80 muertos y más de 50.000 desplazados en la región. Durante una sesión técnica sobre el estado de garantías de seguridad a los firmantes del Acuerdo de Paz, organizada por la Corte Constitucional, Patiño expresó su autocrítica:
“Lo que se detectó mediante las alertas fue una exacerbación del conflicto. Admito que no hubo un análisis en profundidad de las causas de estas exacerbaciones entre los grupos que hasta hace poco coexistían pacíficamente en el área”, aseguró Patiño.
La crisis humanitaria que vive el Catatumbo fue anunciada previamente por varias autoridades, incluyendo una alerta emitida el 15 de noviembre por la Defensoría del Pueblo.
Este aviso alertaba sobre el alto riesgo que corría la población civil debido a la presencia y amenazas de grupos armados ilegales. Este reconocimiento por parte de Patiño resalta una significativa falta de previsión y respuesta por parte del Estado, derivando en una crisis humanitaria que pudiera haberse mitigado.
La situación en el Catatumbo, en el departamento de Norte de Santander, es alarmante. Patiño participó en la sesión de la Corte Constitucional donde se discutió sobre las consecuencias de la violencia en la región, subrayando que los enfrentamientos habían sido medidas anticipadas sin que se tomasen eficaces.
Según informes de la Defensoría del Pueblo y la Gobernación de Norte de Santander, además de los fallecidos, la cifra de desplazados es catastrófica, evidenciando la gravedad del conflicto.
Por otra parte, Se conoció el impacto del conflicto sobre los excombatientes de las FARC, con al menos seis asesinados y otros nueve desaparecidos. Las zonas rurales distantes son las más afectadas, donde a pesar del grave panorama, las autoridades han enfrentado serias dificultades para acceder y brindar el necesario auxilio o llevar a cabo la recogida de los cuerpos.
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