Ciudadano quiso defender a Aníbal Gaviria entutelando a Duque, pero no le salió bien

El Tribunal Superior de Medellín negó por improcedente el recurso que hablaba de la presunta violación al debido proceso del suspendido gobernador de Antioquia.

La tutela, que no solo iba dirigida contra el presidente sino también contra el fiscal Francisco Barbosa buscaba anular la sanción al mandatario departamental para que se reintegrara al cargo hasta que terminara su periodo.

Diego Restrepo Montoya alegó en el recurso hace unas semanas que se le vulneraron también sus derechos porque él votó por Gaviria y hay miles de ciudadanos más que lo eligieron.

Sin embargo, los magistrados decidieron que no se le vulneraron los derechos al ciudadano porque en la Gobernación hay una persona ejerciendo las funciones propias del cargo, y “en este sentido, los antioqueños no se encuentran sin mandatario”.

Según el documento, publicado en su totalidad por la Agencia de Periodismo Investigativo, la Presidencia de la República contestó que la tutela no podía dirigirse contra el jefe de Estado sino contra el Ministerio del Interior y por eso solicitó denegar las pretensiones frente a este”.

Por su parte, la Fiscalía respondió que no se entiende por qué Restrepo Montoya intercede por el suspendido mandatario. Además, que el ciudadano no podía pretender que al ganar las elecciones, Gaviria “adquiría inmunidad que lo hiciere invulnerable frente a una medida de aseguramiento, […] pues las personas que resultan elegidas por voto popular para el ejercicio de cargos públicos son también sujetos justiciables”.

El fiscal Barbosa también aseguró que no se violó “ningún derecho fundamental en el proceso adelantado [a Gaviria] y muchos menos al ciudadano, quien no entendió que no se trataba de una revocatoria del mandato, sino de una medida preventiva”.

La decisión puede ser impugnada dentro del término de ley, y de no darse esa opción, la decisión se remitirá a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Gaviria fue suspendido y se ordenó su captura por “cuenta del pago irregular de anticipos y otras anomalías en el proceso de contratación y construcción de la Troncal de la Paz, durante el primer periodo del gobernador entre 2004 y 2007”, explicó la Fiscalía en su momento.