Minería a gran escala y comunidades en alerta: el río Casacará al borde del colapso ambiental y social

El río Casacará, situado en el municipio de Agustín Codazzi, Cesar, se encuentra hoy en el centro de un conflicto ambiental y social derivado de la intersección entre la minería artesanal —ejercida históricamente por comunidades afrodescendientes y el pueblo indígena yukpa— y la minería a gran escala formalizada por el Estado. Esta superposición de intereses, documentada por medios como El Pilón, ha generado una degradación crítica del ecosistema hídrico y de la capa impermeabilizadora del río, vital para conservar su caudal y garantizar el abastecimiento de agua para las comunidades rurales circundantes.

El crecimiento de la minería formalizada, impulsada por la concesión LEC-16451 otorgada por la Agencia Nacional de Minería (ANM) y avalada por una licencia definitiva de Corpocesar en julio de 2024, supuso un cambio drástico en la dinámica local. A pesar de las regulaciones que limitan la profundidad de extracción a 1,6 metros para evitar daños en la capa impermeabilizadora, denuncias de veedores ambientales han evidenciado el uso sistemático de maquinaria pesada que excede ampliamente los límites permitidos. Estas violaciones, reflejan una tendencia nacional en la “formalización sin control”, donde, según el Instituto de Estudios Ambientales y el Observatorio de Minería Responsable, la legalidad sirve para encubrir prácticas destructivas.

Las consecuencias físicas no se han hecho esperar: de acuerdo con un informe reciente del Instituto de Estudios Ambientales, la extracción fuera de los parámetros técnicos acelera la erosión, contamina los caudales y pone en peligro los acueductos rurales, cuyos usuarios principales son parceleros, agricultores de palma y ganaderos. Además, la pérdida de la capa impermeabilizadora convierte este caso en un ejemplo de “legalización del ecocidio”, término empleado para referirse a la regularización formal de daños irreparables a la naturaleza bajo el amparo de licencias oficiales.

El contexto social es igualmente alarmante. La implementación de la minería a gran escala ha ignorado procedimientos de consulta previa, exigidos por normas como la Ley 21 de 1991 y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que garantizan el derecho de las comunidades étnicas a decidir sobre proyectos que afecten su territorio y cultura. Investigaciones de la Universidad Nacional de Colombia apuntan que la exclusión de estas poblaciones incrementa la conflictividad, debilita la legitimidad estatal y hiere la cohesión comunitaria. En Llerasca, la ausencia de espacios formales de diálogo socavó la confianza y dificultó alternativas de resolución pacífica.

El deficiente control estatal queda evidenciado por la operación reiterada de retroexcavadoras fuera de los perímetros autorizados y la instalación de centros de acopio prohibidos, hechos denunciados ante la Unidad Ambiental del Cesar y la Policía Ambiental, aunque sin sanciones efectivas. Esto se traduce en complicidad institucional y en un patrón de impunidad, tal como señala el informe 2025 del Centro de Estudios sobre Conflictos Ambientales en Colombia (CECON). El deterioro del río además amenaza infraestructuras fundamentales como el Puente Amarillo y la calidad del agua potable, violentando derechos reconocidos en la Constitución de Colombia.

Ante esta crisis, líderes afrodescendientes, campesinos y veedores exigen la suspensión inmediata de la actividad minera irregular, la instauración de un control interinstitucional efectivo y la restauración ecológica del río. Plantean el fortalecimiento de modelos económicos sustentables y el respeto a los derechos colectivos como únicas vías para preservar el patrimonio natural de Casacará. El caso refleja los dilemas inherentes al desarrollo rural colombiano, donde la legitimidad formal de la minería choca con la urgencia de gobernanza ambiental y justicia hídrica.

Hasta la fecha, los titulares mineros y autoridades oficiales no han respondido públicamente a las denuncias, profundizando el ambiente de desconfianza. Se espera que el seguimiento continúe, con la atención centrada en el actuar de las instituciones y la movilización social por la defensa del río Casacará.

¿Qué es la capa impermeabilizadora de los ríos y por qué es fundamental?

La “capa impermeabilizadora” es una barrera natural de sedimentos finos, arcillas o materia orgánica ubicada en el lecho de los ríos, cuya función principal es prevenir la filtración excesiva del agua hacia el subsuelo. Esto permite que el caudal superficial se mantenga y que los ecosistemas, acueductos y actividades agrícolas dependientes del río cuenten con un suministro regular y predecible.

En el caso del río Casacará, la destrucción de esta capa como consecuencia de la minería profunda pone en riesgo no solo el caudal, sino también el acceso al agua potable de cientos de familias y productores locales. La pérdida de la capa impermeabilizadora es una amenaza grave, ya que el daño puede ser irreversible y comprometer la seguridad hídrica regional a mediano y largo plazo, tal como advierten expertos del Instituto de Estudios Ambientales.

¿Por qué es obligatoria la consulta previa con comunidades indígenas y afrodescendientes en Colombia?

La consulta previa es un derecho fundamental consagrado en la legislación colombiana y en instrumentos internacionales como el Convenio 169 de la OIT, ratificado mediante la Ley 21 de 1991. Este procedimiento obliga al Estado y a las empresas a informar, dialogar y obtener consentimiento de las comunidades étnicas antes de adelantar proyectos que puedan afectar sus territorios, cultura o modo de vida.

La omisión de este proceso se traduce en violaciones de derechos humanos y en la generación de conflictos sociales, pues impide que las comunidades participen activamente en las decisiones sobre su entorno. Según expertos de la Universidad Nacional, la consulta previa no solo previene daños ambientales y culturales, sino que fortalece la gobernanza y el desarrollo local respetuoso e incluyente.