Militares detenidos por delitos relacionados con el conflicto, en huelga de hambre

Son unos diez militares y policías que permanecen en los centros de reclusión de los municipios de Facatativá y Puente Aranda y afirman que la JEP ha beneficiado únicamente a miembros de las Farc tras el acuerdo firmado con el Gobierno nacional en noviembre de 2016.

“Actualmente llevo siete años y ocho meses de condena. Fui condenado a 13 años de prisión por homicidio simple por el juzgado de ejecución de penas de Facatativá. Me acogí a la ley de Justicia Especial para la Paz y no me han definido nada y por eso me voy a la huelga de hambre”, explicó uno de los reclusos a Blu Radio.

La Jurisdicción Especial para la Paz tiene como objetivo juzgar los delitos de lesa humanidad y graves crímenes de guerra.

Las sanciones establecidas en la JEP van desde cinco años de restricción efectiva de la libertad hasta 20 años de cárcel, dependiendo del aporte a la verdad, para los guerrilleros y los terceros.

Para los agentes del Estado las penas serán simétricas y se cumplirán en guarniciones militares.

Con EFE