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Este aberrante acto de maltrato animal fue rechazado por toda la comunidad, ya que según dicen los ciudadanos, el canino fue compañero fiel de muchos.
La crueldad no distingue entre personas o mascotas, tal y como sucedió en el municipio de Acacías (Meta), donde un sujeto mató a puñaladas un perro porque, al parecer, le ladraba. El hecho indignó a la comunidad de esta población, quienes exigen justicia ante semejante caso. Las imágenes son muy impactantes.
Cada día, gracias a las redes sociales, es posible conocer más casos de tortura hacia los canes, ya sea en Bogotá o cualquier ciudad del país. Lo más indignante es que muchos de los victimarios salgan campantes de estos sucesos. Es por eso que entre más rápido se identifiquen, es más probable que la ley se les pueda aplicar de una manera ejemplar y sin titubeos.
Este hecho de violencia, que terminó a puñaladas con la vida del perro llamado Copito, ocurrió este viernes 24 de octubre, en el que un ciudadano la emprendió contra esta mascota por ladrarle, según menciona el concejal de Acacías Wilson Ortiz en su Facebook. Además, de acuerdo con las versiones de distintas personas en redes sociales, el canino era el fiel acompañante de quienes llegaban al establecimiento Alta Moda y al juzgado de ese municipio.
“Rechazamos rotundamente este acto de violencia contra un ser indefenso y exigimos a las autoridades competentes que actúen sin demora para investigar y sancionar al responsable conforme a la ley. Hacemos un llamado a la ciudadanía para que no normalice la crueldad animal y para que cualquier caso similar sea reportado de inmediato”, publicó Ortiz en su red social.
La Ley Ángel en Colombia es una profunda actualización del estatuto nacional de protección animal, diseñada para castigar de manera más severa la violencia contra la fauna y establecer mecanismos efectivos para su prevención y atención. La legislación busca que los delitos de maltrato dejen de ser excarcelables, lo que se logra mediante el aumento de la pena privativa de la libertad para quienes causen la muerte de un animal intencionalmente, afecten gravemente su integridad o cometan abuso sexual, con condenas que ahora pueden superar los tres años. Además, incrementa significativamente las multas y crea nuevos agravantes penales, como la difusión de pornografía o escenas de violencia con animales, el uso de animales en la violencia vicaria y la agresión en el contexto de una actividad económica.
Más allá del ámbito penal, la normativa introduce importantes herramientas policivas y pedagógicas. Otorga a la Policía facultades ampliadas para intervenir de manera inmediata en casos de riesgo inminente para los animales. En el aspecto educativo, establece la obligatoriedad de capacitación y sensibilización en maltrato animal para fiscales, jueces, inspectores de policía y personeros. Adicionalmente, crea un procedimiento sancionatorio más ágil para casos de maltrato leve que no constituyen delito, permitiendo que quienes cometan estas faltas puedan conmutar su sanción económica por la asistencia a cursos pedagógicos sobre protección animal.
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