Liberan a exfuncionaria, mano derecha de Daniel Quintero, implicada en presunta corrupción

Alexandra Agudelo, exsecretaria de educación de Medellín de la alcaldía de Daniel Quintero, investigada por presuntas irregularidades en dos contratos del Programa de Alimentación Escolar (PAE) y el programa Colombia Avanza, había sido enviada a casa por cárcel el pasado 20 de febrero. No obstante, esta medida acaba de ser revocada por la juez 43 penal de Garantías.

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La medida de aseguramiento de casa por cárcel se basaba en un riesgo de que Agudelo reiterara su conducta, es decir, que valiéndose de su cargo como secretaria de educación pudiera hacer algún otro hecho similar a los que se le investigan. Una vez la funcionaria renunció, el pasado 21 de febrero, su abogado apeló para revisar la medida de aseguramiento que le fue impuesta un día antes.

La juez 43 penal de Garantías revisó la apelación del abogado, y determinó que, debido a que Alexandra Agudelo ya había renunciado como secretaria, ya no estaría en riesgo de reiterar su conducta y, por lo tanto, ahora tendrá la posibilidad de afrontar en libertad el juicio por las supuestas irregularidades en el programa Buen Comienzo.

El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, fue quién anunció la libertad que el juzgado le otorgó a la exsecretaria Agudelo. “Lo que intentaron hacer contra nuestra Secretaría de Educación es simplemente infame. Probamos que no hubo sobrecostos y ninguna irregularidad. Una fiscal de Medellín quiso quitarle la libertad y acusarla falsamente. Hoy un juez le entrega la libertad. La verdad siempre triunfa”, escribió Quintero en su cuenta de Twitter.

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De acuerdo con la Fiscalía, Agudelo habría participado de un entramado de corrupción para que el programa Buen Comienzo ajustara los pliegos de una contratación para atender a madres gestantes y menores de dos años y así entregárselos a Colombia Avanza, una corporación creada en Bello, Antioquia.

Para el ente acusador, tanto la secretaria de Educación, como la directora del programa Buen Comienzo, Lina María Gil, habrían influenciado en la contratación para entregar el contrato por $23.000 millones a Colombia Avanza. Esta empresa no habría cumplido con los requisitos del contrato y habría causado un detrimento de los recursos de la educación de la ciudad de al menos $ 1.292 millones.