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La justicia de Ecuador acusó de asesinato al vicepresidente colombiano, entonces director de la Policía, y a los generales de la Cúpula Militar en 2008 que dirigieron la operación Fénix contra el campamento guerrillero donde estaban 4 estudiantes de México.
Además de Naranjo, que también fue negociador plenipotenciario del Gobierno colombiano en las negociaciones con las Farc, la notificación de la sala única de la Corte Provincial de Justicia de Sucumbíos está dirigida a los generales en retiro y excomandantes Fredy Padilla de León, de las Fuerzas Militares y negociador con el Eln; Mario Montoya, del Ejército; Guillermo Barrera, de la Marina; Jorge Ballesteros, de la Fuerza Aérea; y el coronel de la Policía Camilo Álvarez.
Los jueces ecuatorianos indicaron que los oficiales procesados deben “presentarse voluntariamente”, o de lo contrario se procederá a “su ubicación, localización y captura para que se realice la audiencia de juzgamiento”.
Esta orden de comparecencia ante la justicia se emitió para el inicio del juicio por el presunto delito de asesinato de cuatro estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), que hace 10 años se encontraban en el campamento por razones académicas, según han asegurado sus familias.
La corte ecuatoriana rechazó un recurso de los defensores de los procesados para declarar nulo el proceso, y ordenó asimismo que los presuntos implicados comparezcan a la audiencia.
“Se abre juicio para procesarlos por asesinato, pero estamos buscando incriminarlos por el crimen de lesa humanidad por la agresión premeditada contra personas que no pudieron defenderse”, explicó Luis Saavedra, director de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH), que representa a las familias de los cuatro estudiantes.
El responsable del INREDH consideró “poco probable” que se presenten los imputados a juicio y consideró la decisión de la corte “más bien de carácter político que con efectividad jurídica”.
Saavedra, además, adelantó que ante la incomparecencia el Ministerio de Relaciones Exteriores ecuatoriano deberá proceder a tramitar la solicitud de extradición de los imputados colombianos y que en paralelo se ha elevado en un escrito a la Corte Interamericana de Derechos Humanos la situación jurídica del caso”.
Los hechos se remontan a marzo de 2008, durante la presidencia de Álvaro Uribe y con Juan Manuel Santos como ministro de Defensa, cuando el Ejército colombiano bombardeó un campamento temporal de las Farc localizado en territorio ecuatoriano, en el sector de Angostura.
Según la acusación, diez bombas de racimo GBU-12-Paveway fueron lanzadas desde aviones de las Fuerzas Armadas con la cooperación de Estados Unidos, sobre el campamento donde pernoctaba un grupo de estudiantes y guerrilleros.
En total, 25 personas perdieron la vida en el ataque aéreo, entre ellos, Édgar Devia, alias ‘Raúl Reyes’, segundo comandante de las Farc, un ciudadano ecuatoriano y los cuatro estudiantes mexicanos.
Con EFE.
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