"¿Se puede callar?": jueza del caso Uribe respondió duramente a comentario del expresidente

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Escrito por:  Redacción Nación
Actualizado: 2025-08-01 15:31:45

En el comienzo de la lectura del fallo se dio un tenso momento. Uribe y la jueza Heredia chocaron por la filtración de la sentencia en el fallo de 12 años.

Todo empezó cuando la jueza Sandra Heredia hizo referencia a la filtración (en la mañana de hoy) del tiempo de condena de Álvaro Uribe. Ella señaló que uno de los hijos de Uribe dio ese dato sensible.

Allí, Uribe saltó con un ácido comentario. “No cuestione la gallardía de los hijos míos, señora juez. Se lo pido respetuosamente”, señaló.

(Vea también“Tufo de persecución”: primera reacción del Centro Democrático a la condena contra Uribe).

Este fue el tenso momento:

Heredia frenó en seco al exmandatario. “¿Se puede callar señor Uribe?”, replicó la jueza.

“Con eso no me callo”, replicó Uribe. “Yo no falto a la verdad, las publicaciones están ahí y solicitaré a las autoridades que investiguen qué pasó”, apuntó la jueza Heredia.

Álvaro Uribe Vélez, condenado a 12 años

Álvaro Uribe Vélez, expresidente de Colombia, fue condenado en primera instancia a 12 años de prisión domiciliaria por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal.

La jueza Sandra Liliana Heredia dictó la sentencia, que supera los 9 años solicitados por la Fiscalía, y ordenó su confinamiento inmediato en su finca en Llanogrande, Rionegro, bajo supervisión de las autoridades.

Aunque la defensa apelará, la jueza consideró que Uribe debe iniciar el cumplimiento de la pena de manera inmediata, argumentando la necesidad de preservar la confianza en la justicia y evitar un mensaje de impunidad, dada su alta notoriedad pública.

Además de la pena privativa de la libertad, Uribe fue multado con el equivalente a 2.420 salarios mínimos y se le impuso una inhabilidad de más de 8 años para ejercer funciones públicas.

Heredia justificó la detención domiciliaria por el cumplimiento de los requisitos legales por parte del condenado.

Esta condena marca un hito en la historia judicial colombiana al ser la primera en contra de un expresidente por delitos comunes.

La decisión ha generado controversia, pues normalmente se permite que los condenados en primera instancia permanezcan en libertad mientras se resuelven las apelaciones, especialmente si no hay riesgo de fuga o reincidencia.

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