Casi 3.000 personas se han quedado por fuera de la JEP: tribunal explica por qué pasa eso

La JEP, que se ocupa de los crímenes cometidos durante el conflicto armado colombiano, excluyó a 2.772 personas porque no cumplían los requisitos para ser aceptados por este alto tribunal.

De acuerdo con la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, el mayor porcentaje de procesos rechazos corresponde a 1.750 solicitudes de antiguos integrantes de las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) y de otros grupos armados al margen de la ley, quienes no hacen parte de la competencia personal, material o temporal de la JEP.

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El alto tribunal detalló en un comunicado que en otros casos, la Sala determinó que se trataba de procesos que no tenían nada que ver con el conflicto armado colombiano.

A manera de ejemplo, dice la información, “se rechazó la solicitud de cinco excombatientes de las extintas Farc-Ep y de ocho personas que participaron en hechos de protesta social. Asimismo, la Sala determinó que 343 solicitudes de miembros de la fuerza pública estaban por fuera de la competencia de la JEP”.

Al referirse a personas que intentaron beneficiarse de la JEP al solicitar su sometimiento por delitos comunes, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas rechazó a 582 terceros civiles y a 84 agentes del Estado no integrantes de la fuerza pública.

A las 2.772 exclusiones y rechazos definitivos se suman más de 700 amnistías concedidas a exmiembros de la desmovilizada guerrilla de las Farc, hoy convertida en el partido político Comunes, que tiene representación en el Congreso, según lo acordado en el acuerdo de paz firmado entre el Gobierno colombiano y esa guerrilla en 2016.

JEP dice cómo son estudios de casos en su tribunal

Para tomar esas determinaciones la Sala realizó un “arduo ejercicio de estudio, contrastación y verificación de las solicitudes”.

La JEP tiene la función de administrar justicia transicional y conocer de los delitos cometidos en el marco del conflicto armado que se hubieran cometido hasta antes del primero de diciembre de 2016.