Salen a la luz detalles de ley de sometimiento que alista De la Espriella: "Vamos por ellos”

El ministro de Justicia, Iván Cancino, explicó cómo funcionaría la iniciativa que el Gobierno llevará al Congreso para quienes decidan entregarse.

El Gobierno de Abelardo De la Espriella prepara un proyecto de ley de sometimiento dirigido a integrantes de organizaciones criminales que decidan entregarse a la justicia. El ministro de Justicia, Iván Cancino, explicó que la iniciativa está próxima a ser presentada ante el Congreso y detalló algunas de las condiciones que contempla.

(Vea también: Gobierno presenta nueva ley de sometimiento para grupos armados y reforma estatuto antiterrorista en Colombia)

En entrevista con Semana, Cancino señaló que la propuesta busca establecer una ruta judicial para quienes abandonen las actividades ilegales, pero sin abrir espacios de negociación política con las organizaciones. Según explicó, los interlocutores de los grupos serán abogados que no pertenezcan a esas estructuras y el contacto con el Gobierno estará a cargo de una persona designada por el presidente.

El ministro sostuvo que el proyecto se diferencia de mecanismos utilizados durante gobiernos anteriores porque no contempla el reconocimiento de un estatus político para los grupos que se sometan. Tampoco plantea suspender órdenes de captura ni condicionar procesos de extradición como consecuencia del sometimiento.

¿Qué beneficios contempla la propuesta de ley de sometimineto?

Uno de los aspectos centrales está relacionado con las eventuales rebajas de pena. Cancino explicó que los integrantes que tengan funciones de liderazgo dentro de una organización podrían acceder a una reducción de hasta el 30 %, mientras que otros miembros tendrían la posibilidad de aspirar a una rebaja de hasta el 50 %, bajo las condiciones previstas en el proyecto.

Sin embargo, el ministro planteó que el acceso a esos beneficios estaría condicionado al cumplimiento de compromisos adicionales. Entre ellos mencionó la entrega de información, la reparación a las víctimas, la revelación de rutas de desapariciones y la entrega de recursos obtenidos mediante actividades ilícitas.

La propuesta también modificaría las condiciones para acceder a la libertad condicional. De acuerdo con Cancino, quienes se acojan al mecanismo tendrían que cumplir cuatro quintas partes de la condena, frente a las tres quintas partes contempladas actualmente en la justicia ordinaria para ese beneficio, además de cumplir los demás requisitos legales.

Entrega de bienes y reparación a las víctimas

Otro de los puntos planteados por el ministro está relacionado con el patrimonio de las organizaciones criminales. Cancino aseguró que quienes ingresen al mecanismo deberán entregar los bienes obtenidos de manera ilícita y aportar información sobre las economías ilegales de las estructuras.

Según explicó, esos recursos tendrían como uno de sus destinos la reparación de las víctimas. Además, si posteriormente se descubre que una persona ocultó bienes, podría quedar por fuera del mecanismo de sometimiento y continuar su proceso bajo la justicia ordinaria.

La iniciativa también otorga un papel relevante a las víctimas. De acuerdo con la explicación del ministro, su posición sería tenida en cuenta para decisiones relacionadas con determinados beneficios, aunque las objeciones tendrían que estar sustentadas en aspectos relacionados con la verdad, la reparación o el cumplimiento de las obligaciones establecidas.

No habrá cárceles especiales ni una jurisdicción nueva en ley de sometimiento

Cancino explicó que las personas sometidas permanecerían en cárceles ordinarias, aunque el proyecto contempla la posibilidad de establecer patios destinados a quienes ingresen al mecanismo. También habló de cárceles productivas, con actividades de trabajo y formación orientadas a facilitar la reincorporación después del cumplimiento de la pena.

En materia judicial, el proyecto no contempla crear una jurisdicción especial. La ruta estaría a cargo de fiscales y jueces de la justicia ordinaria, aunque el Ministerio de Justicia plantea la posibilidad de que la Fiscalía disponga una unidad especializada para atender estos procesos.

¿Qué ocurriría con quienes tienen orden de captura o extradición?

El proyecto también establece diferencias frente a quienes ya están bajo control de las autoridades. Cancino explicó que una persona capturada no podría acogerse al mecanismo y que las órdenes de captura continuarían vigentes durante el proceso de sometimiento.

La misma regla aplicaría para las solicitudes de extradición. Según el ministro, acogerse al proyecto no suspendería una extradición pendiente. En esos casos, la persona podría someterse a la justicia colombiana, cumplir posteriormente con el trámite de extradición y, al regresar al país, continuar con los beneficios que correspondan dentro del marco legal.

El proyecto todavía debe superar su trámite legislativo en el Congreso de la República, por lo que las condiciones anunciadas por el ministro podrían ser objeto de discusión y modificaciones durante el proceso. El Gobierno busca que la iniciativa establezca una política de sometimiento de largo plazo para las organizaciones criminales, mientras mantiene las operaciones de la Fuerza Pública contra quienes no se acojan al mecanismo.