¿Se roban la plata de los pobres?: Investigan 8 departamentos por corrupción con mercados

La Procuraduría indaga los posibles sobrecostos en las compras de alimentos para familias pobres por la emergencia del COVID-19, y otras irregularidades.

“Hoy estamos abriendo 10 procesos en 8 departamentos frente a los presuntos abusos que se estarían cometiendo a nivel de sobrecostos y eso hay que pararlo y habrá sanciones”, manifestó en un comunicado el procurador general, Fernando Carrillo.

Según el jefe del Ministerio Público, mandatarios locales “están utilizando estos recursos para los más vulnerables, los pobres y los menos favorecidos para hacer política en las regiones”.

A raíz de las denuncias ciudadanas sobre supuestos sobreprecios en los mercados comprados por alcaldes y gobernadores para entregar a las poblaciones más vulnerables, la Procuraduría decidió investigar contratos en los siguientes departamentos:

Meta: contratación de los municipios de Acacias por 1.125 millones y Puerto Gaitán por 1.000 millones, estableció Semana.

Atlántico: contrato con Trading Group International S.A.S., por  casi 20.000 millones. También se investiga las compras de mercados en los municipios de Soledad, 2.100 millones, y Malambo por  4.000 millones, añade la revista.

Cesar: investigan presuntos sobreprecios de más del 50 % en 29 contratos, que no están publicados en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP). Dichos contratos ascienden a más de 13.000 millones de pesos para la compra de 100.000 mercados, “que comparados por un veedor ciudadano en grandes superficies habrían costado 50 % menos de lo que le están cobrando a la Gobernación” que los adquiere al por mayor.

Arauca: se investiga el valor pagado por productos de la canasta básica, como una lata de atún a 19.000 pesos, casi cuatro veces el precio real, en un contrato que sobrepasa los 4.000 millones de pesos.

Norte de Santander: se investiga un contrato de 58 millones de pesos (unos 15.000 dólares) que se hizo en la ciudad fronteriza de Cúcuta para la edición de una pieza digital con la historia del Hospital Erasmo Meoz, el más importante del departamento, “cuando lo que se requiere son los recursos de la salud para ver de qué manera podemos enfrentar esta pandemia”.

Cundinamarca: denuncias ciudadanas y de medios de comunicación sobre presuntos sobrecostos en la compra de mercados por parte de las administraciones de  La Palma  y Guaduas, caso denunciado ante la Fiscalía.

San Andrés: contrato por 500 millones con la firma Noel Foto S.A.S., para “la prestación de servicios publicitarios de diagramación, diseño e impresión, grabación y rotación de piezas publicitarias para el desarrollo de la campaña de prevención y mitigación de efectos del virus covid-19, en el marco de la declaratoria de emergencia sanitaria en el país”, agrega el medio.

Tolima.

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En la mayoría de los contratos fueron encontradas irregularidades por más de 800.000 millones, no solo en la compra de víveres sino también por servicios publicitarios.

“Es inaudito y esto es una infamia, que además de que estamos escasos de recursos, los pocos que tenemos los están utilizando para convertirlos en botín de la corrupción”, afirmó Carrillo.

Investigaciones y sanciones

La Procuraduría detalló que, junto a la Contraloría y la Fiscalía, dispuso del programa “Transparencia por la emergencia” para vigilar con herramientas analíticas la ejecución de contratos por la emergencia de la COVID-19.

El procurador manifestó que los delitos que constaten la Contraloría y la Procuraduría serán trasladados a la Fiscalía, porque “robarse los recursos de los pobres es un delito”.

“De parte de la Procuraduría vendrán las suspensiones de los contratos, las suspensiones de los funcionarios que han estado involucrados en estas vagabunderías, que no tienen escrúpulos en quedarse con la plata de los más pobres”, añadió Carrillo.