Inseguridad en Bogotá, una pesada carga para los ciudadanos que no consigue aligerar Galán

Lo que pasa en la capital es reflejo de la política de seguridad nacional. A las autoridades de los dos niveles se les exige cumplir el mandato constitucional.

El alcalde de Bogotá Carlos Fernando Galán arrastra en su tercer año de gobierno con una pesada promesa que no ha podido cumplir. La carga resulta más gravosa porque, en su propósito de ofrecerle al electorado un programa atractivo y a la ciudad, una esperanza creíble, le puso al Plan Distrital de Desarrollo el sugestivo nombre de ‘Bogotá camina segura’. Pero el peso de la situación lo llevan en realidad los ciudadanos.

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Semejante oferta tocó la fibra quizá más sensible de la capital y del país en general, pues en todo el territorio nacional se reclama porque está atravesado por todo tipo de criminalidades desatadas, desde las que practican los viejos grupos armados organizados, pasando por las de bandas bien estructuradas, incluso con carácter internacional, hasta los delitos de malhechores comunes, y aun las inesperadas y mortales conductas de enfermos mentales.

Hoy Bogotá, como reflejo de lo que pasa en el país, es tierra de nadie. Por efecto de las cámaras de seguridad, los videos y las redes sociales, los capitalinos ven en directo (y muchas veces sufren en carne propia) cómo las bandas de ladrones de carros campean a sus anchas, y amenazan cobardemente con armas de fuego a familias indefensas, incluso con niños, para quitarles sus vehículos. En el primer trimestre de 2026 se registraron al menos 525 hurtos de vehículos en la capital, lo que equivale a un promedio cercano a seis casos diarios.

En ocasiones, subirse a un taxi o a un vehículo de aplicación es un acto de fe a la espera de no ser asaltado en la mitad de la carrera. Quizá el único lugar donde se sienten seguros los capitalinos es en sus propias casas, si acaso. Y como bálsamo y único escudo frente a los delincuentes, los ciudadanos reciben las explicaciones que dan el alcalde Galán y su secretario de Seguridad, César Restrepo, siempre en clave de estadísticas que muestran la buena gestión de la administración.

Alto grado de responsabilidad del Gobierno Nacional

Y la policía, en lo suyo, con la misma cantinela: tras la ocurrencia de cada delito, anunciando que trabaja para establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se producen las conductas criminales (esas declaraciones vacías son las que más retransmiten los medios en sus reportes). Pero cuando actúa efectivamente, porque también lo hace, y pone a los delincuentes a disposición de la justicia, los operadores judiciales los dejan libres, algo de lo que se queja, con razón, el alcalde Galán.

Ese círculo realmente vicioso se dinamiza, además, con el actor quizá más determinante: el Gobierno Nacional. Hay consenso en la idea de que la seguridad de las ciudades del país, sobre todo bajo el modelo de seguridad humana que tiene el presidente Gustavo Petro, depende en gran medida de las decisiones del mandatario, signadas por su política de “paz total”, al amparo de la cual se ha relajado la persecución y combate a los criminales de todos los pelambres, una actitud adobada con el discurso de que hay delincuentes jóvenes pobres sin oportunidades.

Si a eso se le suman las disputas entre el jefe de Estado y los alcaldes de las principales ciudades, el coctel está servido. Va a ser muy difícil consolidar una política efectiva de seguridad, además porque la Constitución y la ley determinan que las Fuerzas Armadas tienen una línea de mando que baja desde el presidente pasando exclusivamente por los comandantes militares y de policía.

Por eso, la inseguridad tiene un costo político, y crecen las voces que exigen la renuncia del secretario de seguridad y hasta la del comandante de la Policía Metropolitana porque, para muchos, fracasaron en la ejecución de la política de seguridad. Pero las exigencias vienen subiendo de nivel y también están reclamando la salida del propio alcalde, la del ministro de Defensa y hasta la del mismísimo presidente de la República.

No se está cumpliendo el mandato constitucional

Se entiende que la gente, cansada de ver a los delincuentes imponiendo condiciones, quiera remover a todas las autoridades públicas, que están instituidas para brindar protección a las personas, resguardando su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, según el Artículo 2 de la Constitución.

Hay jurisprudencia de sobra del Consejo de Estado que señala que, conforme a esa dimensión constitucional, el énfasis principal de la labor protectora de las autoridades es proveer de manera efectiva las condiciones mínimas de seguridad que posibilitan la existencia de los individuos en sociedad, sin estar expuestos a riesgos extraordinarios de recibir daños en su persona.

A la luz de ese mandato constitucional y frente a los datos que ofreció el concejal Julián Espinosa Ortiz sobre la seguridad en Bogotá durante los dos primeros años de gobierno de Galán, los reclamos de los ciudadanos tienen toda la validez. Espinosa Ortiz encontró que en los años 2024 y 2025 seis delitos de alto impacto aumentaron en la capital en comparación con el periodo anterior: el secuestro pasó de 28 a 53 casos, un incremento del 89%, mientras que la extorsión aumentó de 2.859 a 4.747 casos (66%). Los delitos sexuales crecieron un 38%, la violencia intrafamiliar un 32%, los homicidios un 14% y las lesiones personales un 2%.

Según el informe del concejal, en materia de homicidios, durante 2024-2025 se registraron 2.387 casos, frente a 2.101 casos en 2022–2023, lo que representa un aumento del 14%. El uso de armas de fuego se consolidó como el principal mecanismo de homicidio, con 716 casos en 2024 y 730 en 2025, evidenciando un problema persistente de circulación de armas en la ciudad.

Claro que también evidenció reducciones en delitos asociados al hurto, como el hurto personas (-14%), hurto a comercio (-20%), hurto a residencias (-22%) y hurto a entidades financieras (-57%), lo que muestra una disminución en los delitos al patrimonio, pero un aumento en los delitos violentos y de alto impacto social.

Por donde se mire, ya sea a través de los datos, o de las estremecedoras imágenes de videos de cámaras de seguridad, el alcalde Galan no ha cumplido lo que prometió. En el meridiano de su mandato, Bogotá aún no camina segura. Y son los bogotanos los que sufren el pesado yugo que les imponen la delincuencia.