Defensoría del Pueblo fija criterios para ingreso de la Fuerza Pública en universidades y participación en protocolo oficial

La Defensoría del Pueblo emitió una posición clave el domingo 20 de septiembre sobre el protocolo que prepara el Gobierno para regular la actuación de la Fuerza Pública en universidades. Según lo comunicado por la Defensoría, el documento debe definir circunstancias excepcionales de ingreso a los campus, responsabilidades de cada autoridad y mecanismos claros para evitar excesos en el uso de la fuerza. Esta postura surge después de que el presidente Abelardo de la Espriella pidiera diseñar reglas de intervención ante episodios de violencia, vandalismo o posibles actos terroristas en universidades públicas, pero, por ahora, no hay evidencia de un procedimiento específico adoptado en instituciones como la Universidad Popular del Cesar (UPC) y la Universidad Nacional de Colombia, Sede de La Paz.

En su pronunciamiento, la Defensoría del Pueblo recordó que, solamente en situaciones de flagrancia —es decir, cuando un delito ocurre en el momento—, la Fuerza Pública puede ingresar a una universidad sin autorización previa de sus directivos, pero siempre con sustento jurídico y cumpliendo los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y diferenciación. Además, el texto subrayó que protestas pacíficas, asambleas o expresiones de inconformidad política no habilitan el ingreso de la Policía. Cuando se presenten conductas violentas, la fuerza estatal debe responder únicamente a ellas, sin generalizar ni afectar a estudiantes, docentes o trabajadores ajenos a esos hechos.

La Defensoría también insistió en que la elaboración del nuevo protocolo debe ser participativa y acoger los criterios de la sentencia STC7641 de 2020 de la Corte Suprema de Justicia sobre protesta pacífica, la cual fundamenta el actual Decreto 003 de 2021. No obstante, dejó claro que el futuro protocolo regulará situaciones al interior de las universidades y no significa autorización general para ingresar frente a cualquier protesta.

Por otro lado, mientras el Gobierno, representado por De la Espriella, sostiene que la autonomía universitaria no resta vigencia a la Constitución y que la Policía será la primera autoridad ante delitos, el Ministerio de Justicia matizó que frente a manifestaciones pacíficas debe privilegiarse el diálogo. El rector de la Universidad Nacional, José Ismael Peña, planteó que su institución busca aportar expertos a la discusión y que, en lo posible, la intervención policial se limite a los alrededores del campus.

En contexto local, casos pasados como el paro nacional de 2021 en la UPC muestran que la suspensión académica motivada por protestas no equivale a justificar presencia policial interna. Voces como la del abogado Juan Sebastián Rengifo y la politóloga Dayanna Díaz (citadas por EL PILÓN) advierten tanto sobre el riesgo de que la intervención derive en represión como sobre la importancia de distinguir con pruebas entre protesta y acciones delictivas. El contenido definitivo del protocolo —quién decide una intervención, cómo se coordina y qué controles habrá— está aún por determinar, según lo plantea la Defensoría.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué condiciones establece la Defensoría para el ingreso de la Fuerza Pública a universidades?

La Defensoría del Pueblo establece que el ingreso de la Fuerza Pública a una universidad debe ser excepcional y sólo procede de manera inmediata en caso de flagrancia, es decir, cuando se está cometiendo un delito en ese momento. Este ingreso debe fundamentarse jurídicamente y cumplir con principios como la legalidad, necesidad y proporcionalidad. Además, se exige que la respuesta estatal se enfoque solo en quienes incurran en conductas violentas y no en generalizar sobre los integrantes de la comunidad universitaria.

¿Por qué es fundamental la participación de las universidades en la elaboración del nuevo protocolo?

La participación de las universidades en la elaboración del protocolo resulta esencial porque, de acuerdo con la Defensoría y la sentencia STC7641 de 2020, permite que las reglas sean apropiadas a las necesidades y derechos de la comunidad académica. Es crucial evitar confusiones entre protesta legítima y actos delictivos y establecer mecanismos que prioricen el diálogo y la protección de estudiantes, docentes y trabajadores, antes de considerar el uso de la fuerza.