Imprenta Nacional se pronunció por nueva polémica con pasaportes; hubo inspección de Procuraduría

La entidad que está a cargo del nuevo modelo para la producción de estas libretas señaló que ha “atendido los requerimientos de los órganos de control”.

La Imprenta Nacional se refirió este domingo a las dudas que se mantienen en torno al nuevo modelo de expedición de pasaportes, que comenzó a regir a partir del 1 de abril. El objetivo de ese esquema, según lo ha dicho el presidente Gustavo Petro, es tener “soberanía” en torno a la elaboración de estos documentos, pero a contados días de que se acabe la urgencia manifiesta firmada con Thomas Greg & Sons (antiguos encargados del proceso), los ojos de los entes de control siguen puestos sobre la entidad, que también enfrenta procesos judiciales.

A través de un comunicado, la dependencia que está a cargo de la gerente Viviana León, se pronunció sobre la visita que realizó la Procuraduría el pasado 23 de abril, en el marco del caso que se desarrolla ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. De acuerdo con esa misiva, la entidad “ha atendido los requerimientos de los órganos de control dentro del marco constitucional y legal de colaboración armónica”.

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“El convenio cuestionado no tuvo por objeto contratar a un proveedor privado para imprimir pasaportes, ni adquirir libretas en el mercado ordinario. Su finalidad es implementar un modelo de cooperación pública internacional orientado a transferir progresivamente al Estado colombiano capacidades tecnológicas, productivas, operativas, de custodia, personalización, trazabilidad, control y conocimiento especializado en documentos de alta seguridad”, se lee en el comunicado.

La respuesta llega después de un artículo de Cambio que reveló que fueron 11 funcionarios de la Procuraduría de Gregorio Eljach los que estuvieron en la sede de la Imprenta. La inspección, que duró seis horas, contó con la participación de la misma León y en ella se determinó que la mayoría las libretas que han llegado a Colombia han sido de IN Groupe, una empresa francesa dedicada a la impresión de documentos y que, según la revista, está involucrada en un caso de corrupción por la producción de pasaportes en Ucrania. En las cuentas, 59.000 de los pasaportes han sido enviados desde París y 7.400 desde Lisboa, Portugal. Los documentos producidos en Colombia, que son 1.500, no tienen validez oficial.

Incluso, en esa misma inspección, la gerente afirmó que no podría “certificar quién fabricó esas libretas”. Según ha dicho, en su cargo solo le corresponde “certificar las libretas que llegan a la Imprenta Nacional, personalizarlas y custodiarlas”. Precisamente, en un documento en manos de El Espectador, se señala que a esa entidad le corresponden las “competencias de dirección estratégica y definición de lineamientos generales, sin que le corresponda la gestión operativa, técnica o la ejecución directa del modelo”.

“Por ello, presentar la existencia de libretas provenientes del exterior como una supuesta prueba de fracaso desconoce la lógica del modelo. La fase inicial contempla apoyos internacionales mientras se consolidan las capacidades nacionales. Lo relevante no es aislar una etapa del proceso, sino verificar si el esquema está orientado a que la INC asuma progresivamente la producción, personalización, custodia y control del servicio bajo estándares de seguridad”, indica la Imprenta en el comunicado. Y agrega: “Colombia no está retrocediendo hacia la dependencia. Está construyendo, por primera vez, un modelo público de capacidades propias para documentos de alta seguridad”.

Lo cierto es que este nuevo modelo ya es el centro de varias polémicas. Estas no solo involucran a exfuncionarios del gobierno como los tres cancilleres previos —Álvaro Leyva, Luis Gilberto Murillo y Laura Sarabia, que tienen indagaciones en curso por su participación—, también procesos judiciales que buscarían tumbar el mismo convenio que está en curso. La Procuraduría sigue adelantando investigaciones.

¿Qué ha dicho el presidente Gustavo Petro?

Una de las banderas del “Gobierno del cambio” ha sido, precisamente, la de pasar el esquema de expedición a una producción nacional. Eso llevó a líos judiciales que, por ejemplo, escalaron a tal punto que la Procuraduría suspendió a Leyva de su cargo, e incluso un choque con la empresa Thomas Greg.

El mandatario ha defendido en diversas ocasiones el nuevo esquema y señala que cualquier intento de tumbarlo es una “irregularidad”. A través de una publicación de X este domingo, agregó que los documentos hechos con ese convenio son “de muy alta calidad”.

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“El presidente debe advertir está irregularidad, porque el contrato de pasaportes hecho con entidades públicas del orden internacional como la Casa de la Moneda de Portugal, no solo han fabricado ya miles de pasaportes de muy alta calidad y muy por encima de los pasaportes actuales de los hermanos Bautista, sino porque pone en riesgo todo el sistema democrático del país que se basa en el mandato popular”, aseveró.

En esa línea, reiteró su llamado a sus seguidores a salir a las calles este 1° de mayo, el día internacional del trabajo, para “rodear las reformas sociales para ponerlas en la constitución a través de la Asamblea Nacional Constituyente”.