Implicados en muerte de fiscal Pecci soltarían la lengua para lograr acuerdo con Fiscalía

Luego de la captura, imputación de cargos y orden de medida de aseguramiento contra los cinco implicados en el asesinato de Marcelo Pecci, el pasado 10 de mayo, el fiscal Francisco Barbosa y el director de la Policía, general Jorge Luis Vargas, entregaron detalles sobre el crimen.

A los involucrados se les imputaron los delitos de homicidio agravado en concurso con porte ilegal de armas agravado en calidad de coautores y a título de dolo. Y se ordenó su traslado al búnker de la Fiscalía en Bogotá, lugar en donde permanecerán hasta que sean condenados.

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Implicados en asesinato de fiscal paraguayo podrían llegar a preacuerdo

Un detalle desconocido hasta hoy es que en medio de la audiencia de imputación de cargos, tres de las personas involucradas aceptaron colaborar con la justicia y estudian la posibilidad de llegar a un preacuerdo con el ente investigador o acogerse al principio de oportunidad.

“Estamos al final de una primera etapa, la cual abre posibilidades jurídico procesales. Hay cuatro personas que aceptan cargos y hay una persona que no. Hay posibilidad abierta de lograr elementos materiales probatorios que nos conduzcan a la confirmación de cualquiera de las hipótesis”, declaró el fiscal Barbosa en rueda de prensa. 

El involucrado que no aceptó cargos está identificado como Francisco Luis Correa Galeano, exmilitar de 43 años de edad, que está reseñado por varios delitos en Colombia y que habría recibido unos 120.000 dólares por la muerte de Pecci. 

Precisamente, este sujeto habría dicho estar listo a explorar una negociación con la Fiscalía con el fin de reducir su condena, indicó El Tiempo. 

De manera oficial, el ente acusador no ha recibido ninguna oferta de Correa. Sin embargo, el diario conoció que el delincuente estaría dispuesto a entregar información sobre la organización o persona que lo contactó para planear y ejecutar el crimen.

Finalmente, Barbosa precisó que desde hoy arranca la fase dos de la investigación que apunta a ubicar a los determinadores del crimen, quienes estarían en otro país. Por lo tanto, los testimonios de los implicados sobre quién les encargó el atentado se convierten en pieza clave del proceso.