Exgobernador de Antioquia y exalcalde de Medellín, imputados por caso Hidroituango

Fueron nueve las personas imputadas por la emergencia causada durante la construcción de Hidroituango, informó la Fiscalía General de la Nación en la mañana de este martes 19 de julio en una rueda de prensa.

El condenado por parapolítica Luis Alfredo Ramos, exgobernador de Antioquia, y Fabio Alfonso Salazar Jaramillo, exalcalde de Medellín, son dos de los exfuncionarios que serán imputados por el delito de interés indebido en la celebración de contratos. En la lista también aparecen Álvaro de Jesús Vásquez, exgerente del Instituto para el Desarrollo de Antioquía (Idea), y Federico José Restrepo Posada, exgerente general de Empresas Públicas de Medellín (EPM).

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La entidad acusadora precisó que las imputaciones llegan luego de estudiar la evidencia técnica y los elementos materiales probatorios, que expusieron irregularidades en la contratación y en el manejo del megaproyecto.

El origen de las irregularidades de contratación en Hidroituango

Los hechos se remontan al 30 de marzo de 2011, cuando Hidroituango SA ESP y EPM Ituango SA ESP suscribieron un contrato para financiar la construcción, operación, mantenimiento y transferencia final del proyecto hidroeléctrico. En simultáneo, relató la entidad, la Gobernación de Antioquia y el Idea favorecieron a la celebración del acuerdo a través de una negociación directa con EPM.

La Fiscalía indicó que estas maniobras habrían vulnerado “principios esenciales de la contratación pública previstos en la Constitución“, así como otras normativas.

En el proceso también fueron involucradas otras dos personas por supuestas inconsistencias en el trámite de la licencia ambiental para la desviación temporal del río Cauca. Se trata de Jesús Ignacio Echavarría Mejía, abogado de EPM ESP y apoderado de Hidroituango SA ESP ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla); y Hernán Sánchez Cruz, profesional de la Dirección Ambiental Social y Sostenibilidad del Proyecto Ituango.

Cabe recordar que EPM inició la implementación de un sistema auxiliar de desviación en junio del 2015. Sin embargo, no se gestionaron las autorizaciones para modificar la licencia, tal como lo ordenó en ese entonces el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.

Acorde a las pesquisas, la empresa industrial y comercial habría presentado una primera petición con información falsa ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) en diciembre del 2015, “la cual fue negada”. Posteriormente, se tramitó una segunda solicitud, en julio del 2016, “que finalmente fue aprobada”, rescató el informe.