Petro y las duras acusaciones a magistrados del CNE; a más de uno le sacó los trapos al sol

Si bien hace menos de una semana el Gobierno Nacional lanzó las bases de su acuerdo nacional –con miras a desescalar el lenguaje en el debate y erradicar la estigmatización–, este miércoles el presidente Gustavo Petro arreció en su discurso y la emprendió contra los magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Lo anterior, luego de que resolvieran por mayorías, abrirle una investigación formal a su campaña por presunta violación de topes electorales en más de $5.355 millones.

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En paralelo con su diatriba alrededor del supuesto golpe de Estado –con todo y que la investigación del CNE únicamente podría terminar con una multa o la devolución parcial de recursos de campaña–, Petro acudió a descalificativos y señalamientos contra los magistrados, a quienes acusó de pertenecer a la política tradicional y a quienes no bajó de “personajes nefastos”.

En primer lugar, aseguró que el presidente de la Corporación, César Lorduy (de Cambio Radical) fue “acusado de asesinar a una novia. Ni más, ni menos”. Hay que tener en cuenta que en 2021 el portal Cuestión Pública reveló que Lorduy fue acusado como presunto autor de un feminicidio en marzo de 1979.

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En su momento, en entrevista con W Radio, Lorduy reconoció que fue acusado de homicidio culposo, pero que el proceso “no terminó en condena, sino en vencimiento de términos”. Además, sostuvo que “eso ocurrió hace más de 43 años. Yo era un tipo joven, un niño, y (…) obtuve mi libertad”.

Por otro lado, Petro recordó que el magistrado Álvaro Hernán Prada (del Centro Democrático) está siendo investigado por la Corte Suprema de Justicia por presunto soborno a testigos. Se trata del mismo lío judicial por el que fue llevado a juicio el expresidente Álvaro Uribe. En este caso, Prada habría terminado involucrado por supuestamente querer favorecer a su líder político.

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Justo hace un mes, según pudo establecer El Colombiano, los hijos menores y la esposa del magistrado Prada tuvieron que abandonar el país ante amenazas. Justamente, fue el togado quien, de la mano del magistrado Benjamín Ortiz (del Partido Liberal), fue uno de los ponentes del proceso que pide formular cargos a la campaña.

En este contexto, Petro la emprendió también contra la expresidenta del CNE, Maritza Martínez, recurriendo a descalificativos frente a su vida sentimental: “La señora Maritza hasta hace poco, no sé si aún, era la esposa de un señor paramilitar condenado o procesado, que era jefe político del Meta”, dijo.

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En su andanada, el primer mandatario aseguró que son estos personajes “los que están tomando decisiones sobre el voto popular”. En ese sentido, reclamó que, “sin ser jueces”, formularon cargos y lo acusaron tanto a él como a la campaña.

“En sus funciones ellos sí podían investigar la campaña hasta 30 días después de terminada. Estamos a dos años después. Ya incumplieron completamente sus facultades. Pero, encima, decidieron elevar cargos como persona al presidente de la República”, aseguró el primer mandatario, con todo y que fallos recientes del Consejo de Estado ratificaron la facultad del CNE para investigarlo de manera administrativa.

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Sin embargo, ignorando los preceptos de la justicia, Petro aseguró que “desde que se hizo la Constitución del 91 el presidente de la República está de cierta forma guarecido mientras gobierna porque solo puede ser juzgado en instancias diferentes a las administrativas”.

Si bien Gustavo Petro ha arreciado en la tesis de que detrás del proceso habría un supuesto golpe de Estado y que la decisión es inconstitucional –por lo que ha llamado a sus bases a la movilización–, lo cierto es que la máxima sanción, en el peor de los escenarios, le significaría al jefe de Estado una multa de hasta el 10 % de los recursos que el Estado desembolsó a la campaña o la devolución total o parcial de los dineros.

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Según expertos, la tesis del supuesto golpe se desvirtúa en la medida en que el CNE solo puede imponer sanciones administrativas, como la devolución de la reposición de los votos. Como lo ratificó en fallos recientes el Consejo de Estado, la potestad de sancionar penal o disciplinariamente al presidente sigue en manos del Congreso a través de la Comisión de Acusaciones.

De hecho, juristas del calibre de Rodrigo Uprimny –investigador de la corporación Dejusticia y profesor de la Universidad Nacional–, han señalado que la tesis del presidente Gustavo Petro no solo “carece de sustento”, sino que es peligrosa y “desdice de su investidura” presidencial.

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“El CNE tiene competencia para investigar irregularidades en los gastos de las campañas. Es lo que está haciendo frente a la de Petro. Y aunque admite alguna controversia, estoy de acuerdo con la Sala de Consulta del Consejo de Estado (SCCE) en que el CNE puede imponerle al presidente ciertas sanciones administrativas, como multas, si verifica la violación de estos topes”, explicó recientemente en una columna en El Espectador Uprinmy.