Ordenan al gobierno Duque entregar los contratos de compra de vacunas contra el COVID

La información la confirmó el Instituto Anticorrupción, este viernes, que celebró la orden del Tribunal Administrativo de Cundinamarca como una victoria contra el gobierno del presidente Iván Duque, que desde un principio habló de las cláusulas de confidencialidad con las farmacéuticas.

Lo que ordena el Tribunal, según el documento, es que el Gobierno entregue copias de todos los contratos de compras de vacunas contra el coronavirus, el modelo de contratación que adoptó y los precios a los que las adquirió.

Entre los argumentos que expone el Tribunal para sustentar su decisión se habla de que, en este caso, “se trata de Derechos Humanos” que están protegidos en el bloque constitucional, en relación con el acceso a la información y la participación en el ejercicio de control del poder público “en una sociedad democrática”.

Además, dice que desde la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo se “negó el acceso a la información relacionada con contratos para el suministro de vacunas para el COVID-19”, y que la entidad apeló a que esos datos son “reservados por tratarse de asuntos diplomáticos y de negociaciones”.

De hecho, el ministro de Salud, Fernando Ruiz, también habló de la “confidencialidad” cuando se refirió al tema.

“Las reservas invocadas no eran aplicables por cuanto la etapa de negociación ya culminó, y los contratos ya se habían suscrito con las farmacéuticas”, fue otro de los argumentos que dio el Tribunal, como se lee a continuación.

Fue por eso que el Instituto Anticorrupción celebró esta decisión, que está firmada por Luis Gilberto Ortegón, presidente del alto Tribunal.

“Hemos ganado el proceso judicial contra el Gobierno para tener acceso a los contratos adquiridos en la compra de las vacunas durante esta pandemia”, anunció el Instituto, en Twitter, y el abogado Camilo Enciso dio detalles de la decisión por medio de un video.

Está entrega de contratos se le deberá hacer al Instituto Anticorrupción y al abogado Ramiro Bejarano, que fue el que lideró la petición, y hasta el momento no se conoce de un pronunciamiento del Gobierno.