Gestores de paz a los que benefició Gobierno Petro se habrían fugado; tenían largas condenas

Tú navegador no es compatible para reproducir este audio

Las autoridades no pueden dar razón de su paradero, luego de que recibieran el beneficio por parte del gobierno anterior, en una estrategia de "paz total".

Tres hombres que fueron beneficiados durante el Gobierno de Gustavo Petro con la figura de gestores de paz hoy tienen algo en común: sus paraderos son desconocidos. Así lo reveló el periodista Jorge Espinosa en una columna publicada en Cambio, en la que cuestionó los resultados de la política de Paz Total y puso la lupa sobre el seguimiento que se hizo a personas que tenían condenas o procesos por graves delitos.

Uno de los casos es el de Édgar Humberto Restrepo Benjumea, alias ‘Mono Clinton’, quien fue dejado en libertad el 20 de junio de 2025 para ejercer como gestor de paz de los Comuneros. Según Espinosa, tenía una condena de 40 años por secuestro y otros delitos. El periodista señaló que hace aproximadamente dos meses el hombre manifestó que viajaría a Medellín para visitar a su familia. Desde entonces, aseguró, nadie lo ha vuelto a ver.

Otro caso es el de Violeta Arango Ramírez, alias ‘Violeta’, señalada por la Fiscalía de una presunta participación en el atentado del Centro Comercial Andino, ocurrido en 2017 y que dejó tres mujeres muertas y al menos 10 personas heridas. La mujer fue acusada por delitos como terrorismo, homicidio y rebelión. Arango fue nombrada gestora de paz del Eln en 2022, durante los primeros meses del Gobierno Petro. De acuerdo con Espinosa, su proceso judicial continúa y su paradero tampoco está claro.

El tercer nombre mencionado es Jairo Arrigui Guenis, alias ‘Antonio’, integrante del Frente de Guerra Oriental del Eln. Fue capturado en 2017 y condenado por homicidio. En 2022 también obtuvo la libertad y fue designado gestor de paz. “¿Dónde está ‘Antonio’?”, preguntó Espinosa en su columna.

El periodista aclaró que estos serían solo tres casos dentro de una lista más amplia de personas beneficiadas por las gestiones de paz impulsadas durante el Gobierno anterior. La situación vuelve a poner en discusión qué controles existían sobre quienes recibieron este tipo de beneficios y cuál fue el seguimiento posterior a su salida de prisión.

El argumento de De la Espriella para acabar con la Paz Total

El Gobierno de Abelardo de la Espriella tomó la decisión de poner fin a los procesos de paz iniciados durante la administración Petro y uno de sus principales argumentos está relacionado precisamente con los resultados de la estrategia de seguridad.

De acuerdo con cifras citadas por Espinosa a partir del informe de la Fundación Ideas para la Paz, El costo de negociar mal, publicado en agosto de 2026, entre diciembre de 2022 y julio de 2026 el número de integrantes de grupos armados organizados aumentó cerca de 90 %, al pasar de 15.120 a 28.802.

El mayor crecimiento habría correspondido al Clan del Golfo, con 152 %, seguido por las disidencias de las Farc. En el caso del Eln, el incremento habría sido del 22 %.

Para el actual Gobierno, estas cifras son una muestra de que la Paz Total no consiguió reducir la capacidad de las organizaciones armadas y, por el contrario, coincidió con un periodo de expansión de varios grupos.

Espinosa también aseguró que algunos gestores de paz acreditados por el Gobierno Petro terminaron desapareciendo del limitado seguimiento que realizaba la Oficina del Comisionado de Paz, entidad que dejará de existir durante la administración de De la Espriella.