Bogotá
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El general Juan Miguel Huertas es el principal señalado en los chats que la Fiscalía no investigó, pero que salieron a la luz por un informe periodístico.
La carrera del general Juan Miguel Huertas, hoy comandante del poderoso Comando de Personal del Ejército (Coper), atraviesa su momento más crítico tras la revelación de un presunto entramado de corrupción e infiltración criminal que involucra a cabecillas de las disidencias de las Farc, funcionarios de inteligencia del Estado y altos mandos militares.
El escándalo, destapado por la Unidad Investigativa de Noticias Caracol, señala que Huertas aparece mencionado en archivos incautados a la estructura de alias ‘Calarcá’, uno de los jefes del autodenominado Estado Mayor Central. Chats, fotos, cartas y correos sugieren encuentros, ofrecimientos y contactos del entonces general retirado con emisarios de ese grupo armado, lo que habría permitido a las disidencias planear una fachada de legalidad para mover armas, dinero y personal en vehículos blindados.
Lo más grave: parte del material incautado estaba desde julio de 2024 en poder de la Fiscalía. Sin embargo, según la investigación periodística, el ente acusador no abrió ninguna investigación, pese a que los archivos contenían información sobre armas, dinero y hasta un menor que viajaba en la caravana interceptada en Anorí, Antioquia, cuando siete jefes de las disidencias fueron detenidos por el Ejército.
En aquella operación fueron incautados computadores, celulares y memorias USB. Los capturados, entre ellos alias ‘Calarcá’, alias ‘Ramiro’ y alias ‘Urías Perdón’, fueron dejados en libertad por orden de la fiscal general Luz Adriana Camargo, quien argumentó que, por ser “gestores de paz”, “aun en situación de flagrancia no podían ser capturados”.
Ese mismo material es el que hoy compromete al general Huertas.
Los documentos mencionan que un hombre de confianza de alias ‘Calarcá’ asistió a reuniones en Bogotá con Huertas cuando este estaba retirado. En esos acercamientos, según Noticias Caracol, se habría explorado la posibilidad de crear una empresa de seguridad que sirviera para legalizar armamento y movilizar hombres de las disidencias con permisos oficiales.
Las comunicaciones señalan también que Huertas ofrecía “gestionar permisos de porte de armas”, facilitar movilidad a guerrilleros con órdenes de captura y activar contactos para evitar requisas en retenes.
En algunos correos incluso se sugiere que su cercanía con el presidente Gustavo Petro podría favorecer estas gestiones. Según los documentos, tras ser retirado en 2022, Huertas habría apoyado la campaña presidencial del hoy mandatario.
En agosto de 2025, un comunicado oficial del Ejército anunció que el mayor general Juan Miguel Huertas asumiría como comandante del Comando de Personal, una de las dependencias más sensibles porque maneja retiros, traslados y ascensos. Esto significó su reintegro al servicio activo, tras haber sido retirado en el gobierno de Iván Duque.
El exministro de Defensa Diego Molano aseguró en Caracol Radio que Huertas fue retirado por “información de inteligencia y contrainteligencia” que cuestionaba su “lealtad con el país”. Señaló que el Gobierno tenía discrecionalidad para sacarlo y que lo revelado por Noticias Caracol “ratifica por qué se tomó esa decisión”.
Para Molano, lo que hoy se conoce evidencia que “ha habido, especialmente en los dos últimos años, beneficio y trabajo directo con grupos armados al margen de la ley”.
El exministro del Interior Daniel Palacios fue más allá. También en Caracol Radio, afirmó que agencias de inteligencia de Estados Unidos advirtieron desde 2022 al Gobierno colombiano sobre sospechas de relacionamiento de Huertas con estructuras criminales. “Con esa alerta quedó claro que era un oficial con el que no se podía trabajar”, dijo. Y lanzó la pregunta que hoy retumba en ámbitos militares y políticos: “¿Quién dio la orden de reintegrarlo: el Gobierno o las disidencias?”
Según Palacios, la administración actual incluso habría considerado nombrarlo director de Inteligencia Militar, algo que calificó como “gravísimo”.
Huertas ya tenía un historial controversial antes de este escándalo.
En la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) cursa un caso relacionado con su papel como oficial de operaciones del Batallón de Artillería No. 4 entre 2002 y 2003, periodo en el que ocurrieron ejecuciones extrajudiciales (“falsos positivos”). Varios subalternos lo mencionaron en declaraciones, y aunque no se le ha declarado “máximo responsable”, su proceso sigue activo.
La revelación también salpica a la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), pues uno de sus funcionarios, Wilmar Mejía, aparece implicado en las comunicaciones. Según la investigación, las disidencias contaban con contactos en Ejército, Fiscalía, Policía e inteligencia.
Incluso las comunicaciones internas mencionan a la vicepresidenta Francia Márquez como supuesta intermediaria en una financiación para la campaña Petro. No hay pruebas de ello, pero la sola aparición del nombre en archivos de grupos armados prendió alarmas políticas. Sin embargo, diferente a todo los demás mencionados, la vicepresidenta ya respondió con un comunicado de prensa en el que niega todo.
Mientras crece el escándalo, Huertas sigue en su cargo dentro de la estructura que administra los recursos humanos del Ejército. La Fiscalía, por su parte, aún no se pronuncia sobre el material incautado hace más de un año.
Lo revelado abre un manto de dudas sobre cómo y por qué un oficial retirado por pérdida de confianza terminó reintegrado, ascendió a un cargo estratégico y hoy aparece mencionado en la documentación interna de uno de los grupos armados más violentos del país.
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