Nuevo minhacienda destapó el hueco fiscal y la feria de 523.000 contratos que deja Petro

El proceso de empalme entre el gobierno saliente de Gustavo Petro y la administración electa de Abelardo de la Espriella sigue subiendo de temperatura. Lo que inicialmente se planteaba como una revisión técnica de carteras ha tomado el tinte de una denuncia de proporciones mayores sobre el estado real de las finanzas del país.

En una reveladora entrevista con la revista Semana, el designado ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, destapó la compleja radiografía económica con la que se ha topado el equipo de empalme, describiendo la experiencia como una verdadera “montaña rusa” de preocupaciones debido a la gravedad de los hallazgos. Un malestar institucional que el propio presidente electo, Abelardo de la Espriella, resumió el pasado domingo con una lapidaria analogía dirigida al país: “Recibimos la transferencia del poder del Gobierno más corrupto de toda nuestra historia. Están asustados como el conductor de un carro que lleva un muerto en el baúl y la Policía lo para”.

Gómez Martínez detalló que el gasto público se ha disparado a niveles insostenibles. De acuerdo con las propias cifras del Ministerio de Hacienda, entre enero y abril el Estado ha venido gastando un promedio de 40 billones de pesos al mes (más de un billón de pesos por día), mientras que sus ingresos mensuales apenas rondan los 28 billones de pesos.

Este multimillonario faltante se está cubriendo exclusivamente mediante la adquisición de nueva deuda pública, un fenómeno que ya golpea el bolsillo de toda la población. El designado ministro ilustró el impacto de este déficit de manera alarmante:

“Comparativamente, implica que un bebé al nacer hoy en Colombia ya debe 20 millones de pesos. Y así mismo cada uno de los 52 millones de colombianos debe, por cuenta del gasto público. Cuando se miran las cifras en conjunto lo primero que uno piensa es: esto está fuera de control”, sentenció Gómez.

Ante este panorama, el nuevo jefe de las finanzas públicas anunció que la primera gran medida de la administración de De la Espriella se tomará el mismo 7 de agosto de 2026: la firma de un decreto presidencial para el congelamiento total del gasto público, argumentando que las directrices de austeridad expedidas recientemente por el gobierno Petro son una farsa que en la práctica no se está cumpliendo.

El punto más álgido y escandaloso de las declaraciones del nuevo ministro apunta a la contratación por Órdenes de Prestación de Servicios (OPS). Citando datos oficiales de la Contraloría General de la República, Gómez Martínez reveló que en enero de 2026 —justo un mes antes de que entrara en vigencia la Ley de Garantías— el gobierno saliente amarró la impresionante cifra de 523.000 contratos de prestación de servicios, con un impacto presupuestal de 33 billones de pesos.

El equipo de empalme denunció que sobre esta gigantesca masa contractual existe una “absoluta opacidad”, por lo que no se sabe cuántos corresponden a labores técnicas legítimas y cuántos a favores políticos o cuotas de “personas ideológicamente afines al gobierno saliente”. Por ello, se le ordenó formalmente a las comisiones de empalme revisar dependencia por dependencia para depurar la nómina paralela del Estado.

Además, el economista criticó duramente que, una vez superada la jornada de la segunda vuelta presidencial y levantadas las restricciones legales, la maquinaria contractual se reactivó a toda marcha. “A un mes de salir siguen comprometiendo el presupuesto de la nación para pagar favores. Eso no solo es algo mal hecho sino antiético”, enfatizó, recordando su filosofía de cara al nuevo periodo presupuestal: “No hay dineros públicos. Es una ficción contable. El dinero público es de los contribuyentes”.

Las denuncias sobre amarres contractuales de última hora no provienen únicamente del frente económico. En la misma entrega de Semana, el designado ministro del Interior, Rodrigo Lara, se unió al coro de alertas tempranas del nuevo gabinete, manifestando una honda preocupación por el comportamiento de varios directores y funcionarios de agencias estatales que estarían acelerando licitaciones de forma injustificada en la recta final de la transición.

“Estamos viendo a funcionarios corriendo para adjudicar contratos a última hora”, denunció Lara, quien aprovechó el espacio mediático para lanzar un enérgico llamado a la Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía General de la Nación para que pongan la lupa sobre estos movimientos de última hora, al tiempo que exhortó a los funcionarios actuales a detener de inmediato cualquier adjudicación cuantiosa que carezca de sustento técnico de cara al cambio de mando.