Se agravó problema del presidente de Ecopetrol por caso del lujoso 'penthouse'; Fiscalía lo puso en apuros

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Ricardo Roa habría utilizado su posición para favorecer intereses particulares relacionados con el empresario y contratista Juan Guillermo Mancera.

La Fiscalía General de la Nación dio un nuevo paso en el proceso judicial contra el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, al radicar el escrito de acusación por el delito de tráfico de influencias de servidor público.

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La medida se da en el marco de la investigación relacionada con la compra del denominado Penthouse 901, ubicado en el exclusivo barrio El Chicó, en el norte de Bogotá.

Con esta actuación, revelada por Caracol Radio y Blu Radio, el ente acusador formaliza la acusación ante los jueces de conocimiento y solicita el inicio de la etapa de juicio, luego de haber imputado cargos al directivo en marzo de este año. En esa oportunidad, Roa rechazó los señalamientos y se declaró inocente.

La investigación gira alrededor de la adquisición del apartamento 901, un penthouse ubicado en El Chicó que Roa compró en diciembre de 2022 por 1.800 millones de pesos. Según la Fiscalía, el inmueble habría sido adquirido con un descuento significativo frente a su valor comercial, que fue estimado en cerca de 2.727 millones pesos. El ente investigador calcula que la rebaja obtenida habría alcanzado los 927 millones de pesos, equivalentes a cerca del 34 % del valor del inmueble.

La tesis de la Fiscalía sostiene que, una vez llegó a la presidencia de Ecopetrol en abril de 2023, Roa habría utilizado su posición para favorecer intereses particulares relacionados con el empresario y contratista Juan Guillermo Mancera. De acuerdo con la imputación, entre agosto de 2024 y enero de 2025 habría realizado gestiones para que la filial Hocol adjudicara proyectos a empresas vinculadas a Mancera, entre ellos el proyecto de gasificación Chuchupa-Ballena.

Según el ente acusador, esas actuaciones constituirían un uso indebido de la influencia derivada de su cargo como máximo directivo de la petrolera estatal para beneficiar intereses privados.

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Ricardo Roa niega las acusaciones

Durante la audiencia de imputación realizada en marzo, Ricardo Roa negó haber cometido irregularidades y no aceptó el cargo de tráfico de influencias. Su defensa ha sostenido que la compra del inmueble fue legal y ha presentado documentación financiera para demostrar el origen de los recursos utilizados en la transacción.

La radicación del escrito de acusación marca ahora el paso previo al juicio, escenario en el que la Fiscalía buscará demostrar que existió un intercambio de favores relacionado con la compra del apartamento, mientras que la defensa insistirá en que no hubo conducta delictiva ni aprovechamiento indebido del cargo.