Condenan a fiscal que liberó a secuestrador de Jineth Bedoya: 4 años de prisión y 7 de inhabilidad

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ha dictaminado la condena a cuatro años de prisión para Bibiana Rosa Orozco Bonilla, fiscal que estuvo a cargo de uno de los casos más emblemáticos en materia de violencia contra periodistas en Colombia. Orozco Bonilla permitió la liberación y cerró el proceso penal contra Alejandro Cárdenas Orozco, alias "JJ", miembro confeso de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y reconocido como uno de los secuestradores y torturadores de la periodista Jineth Bedoya Lima. La decisión final, presentada por el magistrado Diego Eugenio Corredor, revierte una absolución previa y señala a la fiscal como responsable de haber proferido decisiones contrarias a la legislación colombiana —un delito tipificado como prevaricato por acción agravada.

Además de la sentencia de prisión, Orozco Bonilla ha sido sancionada con una inhabilidad de siete años para ocupar cargos o ejercer funciones públicas. El fallo judicial establece que, en su calidad de fiscal adscrita a la Unidad de Derechos Humanos, Orozco firmó una resolución el 28 de mayo de 2015 que revocó la medida de aseguramiento y ordenó la liberación inmediata de "JJ", tras disponer la preclusión del proceso penal en su contra. Según lo documentado en la decisión, Alejandro Cárdenas había confesado su participación en los hechos en una indagatoria desde 2012, aunque negó el acceso carnal violento. La fiscal, en aquella oportunidad, consideró suficientes las pruebas para imputarle junto a otros implicados por secuestro y tortura, teniendo como sustento tanto la confesión del acusado como la declaración de identidad de la víctima.

No obstante, posteriormente, Orozco Bonilla optó por no remitir el caso a la justicia ordinaria y suspendió la actuación para trasladarla a la jurisdicción especial de Justicia y Paz. Con la revocatoria de la medida de aseguramiento, la revisión de la Corte Suprema ha determinado que la fiscal no valoró objetivamente los nuevos testimonios ni efectuó una ponderación adecuada frente a los elementos probatorios previos, especialmente cuando algunos de estos respondían simplemente a una retractación del acusado. La Corte subrayó que no hubo explicación documentada sobre el cambio en la valoración de la prueba, y esa falta de motivación resultó en una conducta flagrantemente contraria a la ley.

La sentencia señala, además, que la decisión original de absolver a Orozco Bonilla por parte del Tribunal Superior de Bogotá obedeció a una interpretación aislada del caso, que no evaluó integralmente las pruebas ni valoró el trasfondo jurídico del delito imputado. La Corte Suprema ha aclarado que, en este proceso, no existían razones para exonerar a la fiscal ni elementos que sugirieran inexperiencia, enfatizando que para configurar el dolo —intención de cometer el delito— no se requiere demostrar un interés personal.

Bajo estos argumentos, la condena impuesta a Orozco Bonilla no será susceptible de convertirse en prisión domiciliaria, debiendo cumplirse íntegramente en centro penitenciario. El caso es paradigmático no solo por su gravedad, sino porque evidencia importantes retos institucionales frente a crímenes de alto perfil y la responsabilidad de las autoridades judiciales al valorar pruebas y proteger los derechos de las víctimas, especialmente cuando se trata de periodistas en el contexto del conflicto colombiano.

¿Cuáles son las implicaciones de una condena por prevaricato por acción agravada para funcionarios judiciales?

Una sentencia condenatoria por prevaricato por acción agravada conlleva consecuencias severas para cualquier funcionario judicial en Colombia. Esta conducta implica que un funcionario ha emitido una resolución contraria a la ley en ejercicio de sus funciones, lo que afecta gravemente la confianza en el sistema de justicia y puede representar un obstáculo para la reparación de las víctimas y el avance de los procesos judiciales, especialmente en casos sensibles o de resonancia nacional.

Esta clase de condena restringe por varios años la posibilidad de ejercer cargos públicos y suele implicar penas efectivas de prisión, reflejando la gravedad con la que la justicia colombiana sanciona el uso indebido del poder judicial. El caso analizado señala la importancia de que funcionarios actúen bajo criterios legales y probatorios estrictos, asegurando que sus decisiones sean transparentes, motivadas y sujetas a control, para evitar escenarios de impunidad o afectación de los derechos de las víctimas.