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Patrulleras que salieron en pijama luego de ataque armado fueron premiadas por la Policía
Por medio de un comunicado, el ahora partido Comunes, habló sobre una de las graves violaciones a los derechos humanos que cometieron en el conflicto.
En un documento, firmado por seis miembros del antiguo secretariado de la desaparecida guerrilla, el hoy partido político se refirió a la acusación que les hizo la Justicia Especial para la Paz (JEP) el mes pasado.
“Asumimos nuestra responsabilidad y convocamos a los demás actores a sumarse al mismo camino”, alegaron en el texto.
El texto explica que re reunieron para analizar el ‘Auto 019’ difundido por la JEP el pasado 21 de enero y obtener asesoría en el ámbito jurídico, pues ese documento está enmarcado en el Caso 01 denominado ‘Toma de rehenes y otras privaciones graves de la libertad’.
Algunos días después, el 28 de enero, la JEP determinó que los ocho miembros del secretariado tienen responsabilidad de mando por los vejámenes que sufrieron los secuestrados y los horrores que les causaron durante el conflicto armado, en una decisión inédita y esperada durante décadas por miles de víctimas.
Con ello, los acusó de delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra por graves conductas vinculadas al secuestro como homicidio, tortura, atentados a la dignidad personal, violencia sexual y desplazamiento forzado, y les dio un plazo 30 días para aceptar o no su responsabilidad en los hechos imputados.
En el primer caso se les impondrán sanciones especiales que comprenden restricciones efectivas de la libertad, no tras las rejas, pero en el caso contrario se exponen a la apertura de un juicio criminal que puede conducir a la imposición de penas de prisión hasta de 20 años.
En el comunicado, Rodrigo Londoño ‘Timochenko‘, los senadores Julián Gallo y Pablo Catatumbo, y los también exjefes guerrilleros Rodrigo Granda, Jaime Alberto Parra y Pastor Alape aseguran que entregarán “en el plazo señalado por la JEP” la respuesta al Auto.
“Se ha reconocido tanto en la JEP como ante la opinión pública nuestra responsabilidad en el secuestro, y el sufrimiento generado a las víctimas”, recuerdan los también firmantes del Acuerdo de Paz, que no especifican explícitamente si reconocerán su autoría formalmente.
“Nosotros fuimos y somos una organización de carácter revolucionario, por lo cual nuestro actuar insurgente siempre estuvo inspirado en la necesidad de transformar la sociedad (…), pero también reconocemos que en ese proceso se presentaron hechos y conductas sancionables a la luz del Derecho Internacional Humanitario”, alegaron hoy los exintegrantes de las Farc.
El comunicado emitido por los antiguos integrantes de las Farc no está firmado por dos de los acusados, los excabecillas Milton de Jesús Toncel y Juan Hermildo Cabrera.
El 4 de julio de 2018 la JEP, que no juzga casos individuales, abrió el primero de siete grandes procesos por el conflicto armado relacionado con “el secuestro de personas por parte de las Farc entre 1993 y 2012″, en el que tiene acreditadas a 2.107 víctimas, 394 de ellas integrantes de la fuerza pública.
Ese ha sido también el primer caso sobre el que la Justicia de Paz se ha pronunciado, en una decisión que causó gran impacto en Colombia que durante los años 90 fue el país con más secuestros del mundo.
Este es el comunicado completo:
Además, piden a “los demás actores civiles y militares que tienen responsabilidades en el conflicto” que aporten su verdad, el mismo día en que la JEP se ha pronunciado sobre otro de los macrocasos, elevando a 6.402 las víctimas de ‘falsos positivos’, y situándolas sobre todo en el periodo de Gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010).
Los líderes de las FARC están llamados además a aceptar el sufrimiento infligido a las víctimas, la barbarie con la que las sometieron y las afectaciones morales causadas cuando intentaron justificar estos crímenes.
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