Extraditan a australiano que desarrolló en Colombia sistema encriptado para narcos

Un avió de la DEA se acaba de llevar a Osemah Elhassen, un australiano que operó desde ciudades como Bogotá y Medellín un sistema de comunicaciones encriptado que le sirvió a narcotraficantes de al menos siete países para mover sus cargas sin que las autoridades pudieran rastrearlos.

La autorización para que fuera extraditado la firmó el presidente Gustavo Petro a través de la resolución 068 del 2023 –conocida por EL COLOMBIANO–, con la cual se le dio vía libre a su envío a suelo estadounidense. Allí, por cuenta del expediente Anom está siendo procesado por la Corte para el Distrito Sur de California.

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Elhassen se había camuflado en Colombia para operar desde aquí contactos con capos de nacionales y de Estados Unidos, Australia, Turquía, Tailandia, Suecia y España, que usaron los servicios de la ahora desmantelada empresa Anom.

Lo que hacía el sistema que lograron desarrollar, el cual este australiano manipuló entre las sombras durante dos años desde territorio colombiano, era encriptar las comunicaciones sobre los movimientos de cocaína, armas y dinero, a través de un sofisticado sistema proxy que ocultaba las ubicaciones físicas de usuarios y servidores.

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Tal fue el poderío de Anom que el FBI desplegó una operación transnacional con las fuerzas de inteligencia de varios países, incluyendo Colombia, para poder capturar a sus desarrolladores y operadores. Entre ellos, por supuesto, estaba Elhassen.

Según el expediente federal, a cuyos apartados más claves accedió este diario, la cuota promedio que se debía pagar por seis meses de uso de esta plataforma osciló entre los 1.500 y 2.000 dólares. Además, se detectaron alrededor de 9.500 puntos de este tipo de sistema encriptado alrededor del mundo.

“Los administradores, distribuidores y agentes de la empresa Anom les describían sus dispositivos a sus clientes como ‘diseñados por delincuentes para delincuentes’, y dirigían sus ventas a personas que sabían, o tenía motivos para saber, que participaban en actividades ilegales, incluido el tráfico internacional de drogas y lavado de dinero”, quedó consignado de uno de los folios que tiene una corte federal contra el australiano afincado en Colombia.

Otro tema clave que se conoció sobre el expediente de Osemah Elhassen es que el dispositivo Anom –que movió, incluso, con delincuentes ligados al Clan del Golfo y las disidencias– fue desarrollado por personas que tuvieron vínculos con la Policía de Australia, país natal del ahora extraditado.

“Este sistema, creado en conjunto con la Policía Federal de Australia, fue distribuido de manera focalizada y secreta a diferentes grupos criminales en el mundo como un supuesto mecanismo de comunicación seguro”, se reseñó en un pronunciamiento de la Fiscalía colombiana.

Además, con el fin de evitar que quedaran rastros de sus usuarios, utilizaban métodos de pago virtuales, como el bitcoin, que no tiene regulación cambiaria en Colombia. Eso, incluso, les sirvió borrar y eliminar las huellas digitales de sus operaciones de forma remota y oculta cuando alguno de sus dispositivos era incautado por alguna autoridad.

Precisamente, en medio de los operativos trasnacionales, la Policía de Australia reveló que tal era el nivel de secretismo que se manejaba para el uso de Anom que solo los capos de más alto nivel conocían cómo usarlo. También, que para acceder a él se debía hacer a través de otro delincuente de alto perfil. Sin embargo, aún no es del todo claro qué cabecillas criminales en Colombia lo utilizaron.

En todo caso, en julio del 2021 –en Bogotá– fue capturado el australiano Osemah Elhassen, por cuenta de una circular roja que pesaba en su contra por este prontuario criminal ligado al ciberdelito. Un mes después, el 19 de agosto de ese año, Estados Unidos le notificó a Colombia del expediente federal en su contra y requirió formalmente la extradición.

Pero solo fue hasta el 22 de febrero de 2023 que la Sala Penal de la Corte Suprema emitió concepto favorable para el envío de Elhassen a California; esto se radicó ante el Ministerio de Justicia el 10 de marzo y ya en abril, a través de la resolución que ahora revela este diario, fue que Petro le puso punto final a esta novela judicial que le puede acarrear unos 20 años de cárcel al australiano que estuvo camuflado dos años en Colombia operando Anom.