Disidentes de las Farc: entre la ambición, el miedo y la omisión de los mandos medios

Esa serían las 3 explicaciones para comprender la crisis el modelo de reincorporación de combatientes a la vida civil.

Se estima que el número de disidentes podría superar los 200 principalmente en Guaviare, Vichada, Guainía y parte del Meta, aunque el Gobierno espera que llegue a los 700 hombres aproximadamente, sostiene Semana.

Con la expulsión de sus filas de Gentil Duarte, John Cuarenta, Euclides Mora, Giovanny Chuspas y Julián Chollo, los 5 mandos medios que resignaron su paso a la vida civil para conservar su estatus de poder en regiones inhóspitas del país, se abre un interrogante sobre lo que sucederá con el resto de mandos a los que el acuerdo de paz no tuvo en cuenta para su desmovilización, añadió la revista.

Se cree que son al menos 500 hombres de las Farc, con más de 20 años de experiencia guerrillera, los que se encuentran en medio de este creciente fenómeno porque son, en la práctica, los que pagarían con su libertad los crímenes de la subversión, y los que menos poder político y social tienen en las regiones.

Para ellos, dice la revista, no fueron aceptadas en La Habana privilegios que sí gozarán los altos mandos como la elegibilidad política (para los Concejos municipales), ni tampoco serán gestores de paz, ni mucho menos harán parte de algún cuerpo de seguridad rural, argumentó el análisis de la revista.

Los mandos  medios en Nariño, Norte de Santander y Antioquia podrían seguir el camino de las disidencias e incorporarse a alguna organización criminal que les garantice cierta seguridad y un estatus que los favorezca.

Es decir, la ambición personal es un determinante para que los disidentes prefieran seguir en el monte antes que reducir sus opciones a ser campesinos o estudiantes.

A esto se suma, comenta Semana, al miedo a que sean asesinados o abandonados por el Estado y a que las promesas que les han hecho no sean lo que esperan. Esto podría desestabilizar los principios de una paz estable duradera porque afectaría la seguridad jurídica con la que los guerrilleros esperan abandonar las armas e incorporarse a la sociedad.