Exfuncionario de la Alcaldía de Armenia fue condenado por lavado de activos

No hubo apelaciones ante la sentencia de 6 años y un mes de prisión domiciliaria dictada al arquitecto Andrés Fernando Almonacid López quien se enriqueció producto del lavado de activos del narcotráfico.

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La audiencia de individualización de pena y sentencia fue realizada por el Juzgado Único Penal Especializado de Armenia y ni el procesado, la defensa ni la Fiscalía General de la Nación presentaron alegato alguno a la condena que días previos había sido pactada, pues solo faltaba que quedara en firme, como así ocurrió.

La única solicitud que hizo la defensa del hoy sentenciado fue autorizar la posibilidad de ejercer su trabajo como arquitecto en una empresa del corregimiento El Caimo de Armenia.

Ante esta petición no hubo reparos por parte del ente perseguidor penal ni por la judicatura, dejando en firme esta posibilidad a Almonacid López.

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El acuerdo

El arquitecto Andrés Fernando Almonacid López admitió el 12 de enero de este año el acuerdo pactado entre la Fiscalía 11 especializada en contra de lavado de activos y su defensa para aceptar los cargos y pagar una condena de 6 años y un mes de prisión domiciliaria por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

El juez único penal del circuito especializado de Armenia dictó la verificación del trato judicial tras analizar que la rebaja de autor a cómplice por aceptar los cargos se daba dentro de la normativa de la ley.

Además, el profesional deberá pagar una multa de 325 salarios mínimos legales mensuales vigentes, según el fiscal 11 adscrito a la dirección en contra del lavado de activos de Bogotá.

Una operación internacional

Los hechos por los cuales fue sentenciado Almonacid López se constituyeron desde el 31 de marzo de 2004 cuando surgió la sociedad Altos de Yerbabuena en Armenia, que tenía como objeto social la creación, organización, administración de establecimientos de comercio dedicados a comprar, vender, transportar, almacenar, fabricar materiales de construcción, compra y venta de inmuebles, demolición de edificaciones, construcción de nuevas edificaciones destinadas para vivienda, turismo, oficinas, locales, plantas industriales, entre otros.

La empresa se encargaría de vender toda clase de artículos para la construcción con un capital de $250 millones, pero, producto del narcotráfico, aumentó hasta los $2.250 millones, así lo determinó la Fiscalía General de la Nación, luego de la investigación internacional que hizo el FBI, agencia de investigación de Estados Unidos, que concluyó que esta empresa era una fachada para legalizar el dinero obtenido, producto de la exportación de clorhidrato de cocaína a ese país en hechos ocurridos entre el 2008 y 2009.