Colombia, pionera en eutanasia: récord histórico de solicitudes, pero persisten barreras y desigualdad

Colombia lidera en eutanasia: solicitudes crecen 30 %, pero persisten barreras y desigualdad territorial.

Desde que la eutanasia fue despenalizada en Colombia en 1997 por decisión de la Corte Constitucional, motivada por la petición de un paciente terminal, el país ha experimentado transformaciones profundas en torno al reconocimiento del derecho a una muerte digna. Este primer fallo, pionero en América Latina, sentó el precedente legal que, muchos años después, impulsó el Ministerio de Salud a regular la práctica, especialmente luego de la orden judicial de 2015. Según el Laboratorio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DescLAB), esta regulación abrió paso a un crecimiento sustancial en el acceso a la eutanasia: de reportes incipientes, el país ha llegado a registrar 352 casos en 2024, cifra que representa un aumento del 30 % con respecto al año anterior.

El progreso colombiano no sólo se evidencia en las cifras, sino también en la diversificación de los perfiles de pacientes que pueden ejercer este derecho. Inicialmente, la mayoría de los solicitantes padecían cánceres avanzados —como los de estómago, páncreas, recto y pulmón—, pero tras la eliminación en 2021 de la condición de enfermedad terminal, aumentó significativamente el número de personas con enfermedades graves e incurables no oncológicas accediendo a la eutanasia. En 2024, más de dos tercios de las solicitudes provinieron de pacientes con estas condiciones, un cambio que refleja una comprensión más amplia del sufrimiento humano y la dignidad en el final de la vida.

No obstante, el avance normativo y ético no se traduce automáticamente en acceso efectivo para todos. DescLAB advierte que, de las 1.169 solicitudes en 2023, sólo el 30 % fueron aprobadas, la menor proporción reportada desde que existen registros, mientras que los comités médicos tomaron un promedio de 33 horas para dar respuesta, superando el plazo máximo de 24 horas establecido por la ley. Estos retrasos y trabas generan una carga emocional extra para los pacientes y ponen en evidencia las dificultades del sistema.

El acceso desigual también se refleja en la distribución geográfica; Bogotá y Antioquia concentran más del 85 % de los procedimientos, lo que excluye en la práctica a quienes residen en otras regiones. Lucas Correa, autor del informe de DescLAB, enfatiza la necesidad de democratizar la red de atención y eliminar barreras administrativas que perpetúan las inequidades territoriales. La disponibilidad institucional y los recursos locales siguen siendo determinantes para ejercer el derecho a morir dignamente.

Comparada con otros países latinoamericanos, Colombia mantiene un liderazgo en legislación y aplicación de la eutanasia, aunque todavía existen importantes desafíos. México y Argentina avanzan en debates y regulaciones parciales, mientras que la experiencia colombiana es considerada una referencia regional. Para consolidar estos logros, informes de la Organización Mundial de la Salud y publicaciones académicas señalan la importancia de fortalecer la formación ética de los profesionales, definir protocolos sólidos y asegurar recursos adecuados, además de una continua revisión legal y técnica de la norma.

En el nivel jurídico, la Corte Constitucional y el Ministerio de Salud han ampliado progresivamente las protecciones asociadas a la autonomía y calidad de vida al final de la existencia. No obstante, los vacíos administrativos en la implementación vuelven urgente el diseño de políticas públicas que incluyan el acceso a cuidados paliativos y la integración de derechos conexos, de acuerdo con la Revista Médica Colombiana. Finalmente, persiste el reto de fomentar una cultura de respeto y diálogo: la eutanasia continúa siendo un tema polarizado, por lo que expertos del Centro Colombiano de Bioética recomiendan acompañamiento psicosocial y campañas de educación pluralista, orientadas a superar estigmas y asegurar el respeto efectivo a la autonomía personal y la diversidad cultural del país.

¿Qué requisitos deben cumplir los pacientes para acceder a la eutanasia en Colombia?

Esta pregunta surge porque el acceso real a la eutanasia en el país se ha ido ampliando y los procedimientos están estrictamente regulados. Según las resoluciones y sentencias de la Corte Constitucional, los pacientes deben demostrar enfermedades graves, degenerativas o incurables, y manifestar su consentimiento libre, informado y reiterado. Si bien inicialmente solo se contemplaban enfermedades terminales, desde 2021 la normativa abarca más padecimientos, lo cual ha sido clave para el incremento en las solicitudes, pero también implica evaluaciones médicas y escrutinios éticos que pueden demorar la aprobación y dar cabida a desigualdades territoriales según la información reportada por DescLAB.

La claridad sobre estos requisitos es esencial para entender tanto los avances como las limitaciones del sistema. Por ejemplo, el plazo legal de respuesta a las solicitudes, establecido en 24 horas, muchas veces no se cumple, y existe una marcada disparidad entre lo garantizado sobre el papel y lo efectivamente ejecutado, lo que condiciona el ejercicio del derecho a la muerte digna en Colombia.

¿Por qué existe una concentración de casos en determinadas regiones del país?

La pregunta cobra importancia dado que el 85 % de los procedimientos de eutanasia se concentran en Bogotá y Antioquia, como advierte el informe de DescLAB. Esto revela brechas en infraestructura sanitaria, formación profesional y disposición institucional, que hacen que el acceso a la eutanasia dependa en gran medida de la ubicación geográfica, limitando los derechos de quienes viven en regiones alejadas.

Entender las causas de esta concentración es fundamental para el diseño de políticas públicas que permitan una equidad territorial en el ejercicio de la muerte digna. Expandir la red de atención y garantizar recursos homologados en todo el país resulta clave, como exponen tanto expertos en derechos humanos como el Ministerio de Salud, para transformar la garantía legal de la eutanasia en una realidad accesible para toda la sociedad colombiana.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.