De la Espriella le hace zancadilla a decreto de emergencia económica de Petro y radica demanda

El precandidato presidencial no solo impuso un recurso contra la medida impulsada por el mandatario, sino también por la venta de títulos de deuda (Tes).

El abogado y precandidato presidencial Abelardo de la Espriella, junto con el jurista Germán Calderón España, presentó ante la Corte Constitucional una demanda de inconstitucionalidad contra el decreto mediante el cual el presidente Gustavo Petro declaró el estado de emergencia económica.

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Los demandantes sostienen que el decreto no cumple con los requisitos exigidos por la Constitución para este tipo de medidas excepcionales. Argumentan que la justificación del Gobierno se basa en una situación fiscal previsible, derivada en buena parte del fracaso de la reforma tributaria en el Congreso de la República, por lo que consideran que el Ejecutivo debió acudir a los mecanismos legislativos ordinarios.

De la Espriella solicitó al alto tribunal que declare la inexequibilidad del decreto y pidió además la suspensión provisional de sus efectos, mientras se adelanta el estudio de fondo. En su solicitud, planteó la posibilidad de que la Corte convoque una sala extraordinaria, incluso durante el receso judicial, dada la trascendencia institucional del tema.

“Esta acción se interpuso ante la Corte Constitucional, con solicitud de suspensión provisional de los efectos del decreto y con solicitud especial para que esta corporación sesione extraordinariamente en esta época navideña, a fin de resolver la medida cautelar”, escribió el jurista en X.

Demandan a Gobierno Petro Petro por venta de títulos de deuda

De manera paralela, los demandantes interpusieron una acción popular ante el Consejo de Estado relacionada con una operación de títulos de deuda pública (TES) por cerca de 23 billones de pesos, negociada con un único inversionista extranjero.

Según el escrito, la operación podría comprometer el patrimonio público y la moralidad administrativa, al no haberse realizado mediante un proceso de subasta pública.

Estas acciones judiciales se presentan en medio de un ambiente de fuerte controversia política y jurídica alrededor de la emergencia económica, que ha sido cuestionada por sectores de la oposición, gremios empresariales y expertos en derecho constitucional, quienes advierten que el Gobierno estaría utilizando facultades excepcionales para enfrentar problemas estructurales de las finanzas públicas.

La Corte Constitucional deberá ahora analizar la demanda y definir si el decreto se ajusta o no al marco constitucional vigente, una decisión que podría tener efectos significativos sobre la política económica y el equilibrio institucional del país.