Disidentes acusados de infiltrar protestas irán a prisión; Fiscalía detalló sus roles

Según el ente acusador, estas personas identificadas con los alias  ‘Justo’, ‘Érika’, ‘La Pola’ y ‘El Profe’ pertenecen a las disidencias de las Farc y llegaron a Bogotá a conformar una célula terrorista para generar desmanes en las jornadas de manifestaciones.

La Fiscalía aseguró que la investigación comenzó en febrero de 2019 cuando el Ejército dio de baja a Édgar Mesías Salgado Aragón, alias ‘Rodrigo Cadete’, cabecilla de las organizaciones disidentes en el suroriente del país.

En ese operativo fueron incautados dispositivos electrónicos y documentos en los que estaban los lineamientos de creación de ‘colectivos’ o ‘uniones solidarias’ y se determinó que era “una iniciativa criminal de  ‘Gentil Duarte’ e ‘Iván Mordisco’”.

En la información se encontró que esos grupos los conformaban máximo cinco personas que tenían la tarea de “adoctrinar y reclutar universitarios o jóvenes en sectores urbanos. El objetivo, instrumentarlos en la ejecución de actos vandálicos, ataques a la fuerza pública, movilizaciones y bloqueos en las ciudades”.

Como articulador de esas redes en el interior del país figuraba Wilson Reinel Moreno, alias ‘Martín’, cabecilla del frente segundo Manuel Marulanda Vélez, que fue capturado en febrero de este año en Tolima.

Algunos meses después, entre septiembre y octubre de 2019, las investigaciones apuntaron a cinco personas y, dicen los investigadores, se les vinculó a varios hechos el 21 de noviembre de 2019, protestas que se enmarcaron en el Paro Nacional: bloqueos en el sur occidente de Bogotá, los daños al portal de Transmilenio de Las Américas, saqueos y fuertes enfrentamientos con la fuerza pública en los sectores de Patio Bonito y Tintal, así como el uso de artefactos no convencionales para atacar al Esmad.

En la audiencia, se revelaron algunos de los audios que hacen parte de las 1.600 horas de interceptaciones y 112.000 actividades audios, datos y mensajes:

Pese a que dan cuenta de varios hechos en 2019, la Fiscalía asegura que este colectivo  se constituyó oficialmente el 22 de enero de 2020 y era integrado por:

– Justo Ernesto Villarraga Trujillo, alias ‘Justo’. Este hombre de 73 años tendría comunicación directa con alias ‘Martín’, y sería el principal articulador de las actividades de reclutamiento y selección de jóvenes, así como de la programación de las actividades ilegales.

– Érika Lorena Flórez Durán, alias ‘Érika’ o ‘Katara’. Señalada de ubicar estudiantes en las universidades públicas y privadas de la ciudad, y estimular su participación en actos vandálicos. Sostenía comunicación directa con alias ‘Martín’.

– Ruth García Estrada, alias ‘Rosita’. Los elementos de prueba la ubican en la primera línea del ‘colectivo’, como la personas que, al parecer, daba la aprobación final a todos los movimientos de la red criminal. A esta mujer la buscan mediante notificación azul de Interpol.

– Greyssi Alexandra Perilla, alias ‘La Pola’. Se le atribuye impulsar la creación del ‘colectivo’ y definir un supuesto protocolo de intervención en las movilizaciones, desórdenes o choques que se generen.

– Miguel Andrés Parga, alias ‘El Profe’. Las evidencias dan cuenta de que sería una ficha activa en todo el andamiaje ilegal. Se le vincula a la planeación de los desórdenes, la convocatoria y la coordinación de las personas que participaban.

Incluso, hay registro de su presencia en los sitios y de cómo rendía cuentas de los demás integrantes del ‘colectivo’. También se le señala de brindar asistencia jurídica a los jóvenes capturados y de interceder ante las autoridades para evitar su detención. Además, se conoció que es funcionario del Gobierno desde 2017.

Contra alias ‘El Profe’ hay audios que lo relacionan con violentas protestas en las localidades de Ciudad Bolívar y Usme, en abril y mayo de 2020, en las que supuestos habitantes inconformes exigían reclamos para enfrentar el aislamiento preventivo.

En ese sentido, la imputación se le hizo a ‘Justo’, ‘Érika’, ‘La Pola’ y ‘El Profe’ por los delitos de terrorismo, concierto para delinquir, perturbación en servicio de transporte público, colectivo u oficial; obstrucción  de vías públicas, violencia contra servidor público y daño en bien ajeno; ninguno de ellos aceptó los cargos.

La Fiscalía solicitó la imposición de medida de aseguramiento en centro carcelario, que fue acogida por el juez.