Empresas estarían pagando multa para evitar contratar aprendices del Sena, señala congresista

La representante Cathy Juvinao alertó que cada vez menos estudiantes en etapa de formación están siendo vinculados por las empresas.

Una reciente denuncia pública presentada por la representante a la Cámara, Cathy Juvinao, pondría en evidencia un cambio drástico en la dinámica de contratación de aprendices en Colombia.

Basándose en cifras oficiales del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) con corte al 31 de diciembre de 2025, la congresista advirtió sobre una caída significativa en la vinculación de estudiantes en etapa de formación.

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Esta situación contrasta fuertemente con un pico histórico en el recaudo de la cuota de monetización, que es el pago compensatorio que realizan las empresas para eximirse de dicha contratación.

Crecen las sanciones, baja la contratación

Las estadísticas reveladas por Juvinao muestran la ruptura de una tendencia de crecimiento que la institución venía registrando desde el año 2021. De manera concreta, el número total de aprendices contratados pasó de 392.056 en 2024 a 342.384 en 2025, lo que representa una contracción del 13 por ciento.

De forma paralela, el dinero recaudado por el SENA a través de la figura de monetización se disparó. Mientras que en el 2024 el recaudo fue de 262.802 millones de pesos, para el 2025 la cifra escaló a 440.455 millones, reflejando un incremento récord del 68 por ciento en tan solo un año.

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Este cambio de tendencia tendría una explicación directa en las modificaciones introducidas por la Reforma Laboral impulsada por el Gobierno. Antes de su aprobación, la vinculación se realizaba bajo la figura exclusiva del contrato de aprendizaje, la cual obligaba a las empresas a otorgar un apoyo de sostenimiento equivalente al 75 por ciento del salario mínimo, cubriendo únicamente salud y riesgos laborales sin constituir una relación laboral formal.

Con la nueva legislación, el modelo cambió para exigir a los empleadores la formalización mediante contratos que garanticen el pago del 100 por ciento de un salario mínimo legal mensual vigente, además de obligarlos a asumir el pago completo de prestaciones sociales.

Frente al incremento en los costos directos de contratación que supone este cambio legal, las cifras compartidas por la representante sugieren que los empleadores están optando por la ruta de la monetización.

Esta realidad, advertida previamente por distintos gremios, plantea interrogantes sobre el impacto real de la reforma en la generación de oportunidades de primer empleo y práctica profesional para los jóvenes que buscan ingresar al mercado laboral.