A excongresista del Centro Democrático le imputaron 13 cargos relacionados con corrupción

La Fiscalía General de la Nación acudió ante la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia e imputó cargos contra el exrepresentante a la Cámara Edwin Ballesteros por estar implicado en supuestas irregularidades en la celebración de millonarios contratos.

Según el ente investigador, los millonarios contratos, objetos de investigación, fueron suscritos cuando el excongresista del Centro Democrático se desempeñó como gerente de la Empresa de Servicios Públicos de Santander (Esant).

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El proceso penal contra Ballesteros inició en la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, en atención al fuero que ostentaba el santandereano. Sin embargo, luego de renunciar a su curul en el Congreso, el caso pasó a la Fiscalía, en octubre de 2021. 

La investigación fue asumida por un fiscal delegado, quien luego de hacer las valoraciones del material de prueba obtenido y realizar las adecuaciones para que el expediente se siguiera dentro de los parámetros de la Ley 906 de 2004 (Sistema Penal Acusatorio) encontró méritos para adicionar o precisar algunos delitos.

Este lunes, ante un juez de control de garantías de Bucaramanga, la Fiscalía comunicó la nueva imputación contra el excongresista como presunto responsable de 13 cargos distintos de: concierto para delinquir agravado, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación, cohecho propio y concusión.

El caso de Ballesteros se abrió luego de una compulsa de copias que hizo en 2019 la Fiscalía a la Corte Suprema por el proceso que se adelanta contra el exsenador Richard Aguilar, quien está detenido por un presunto entramado de corrupción en Santander.

Se le investigan presuntos vicios en la firma de varios contratos, entre ellos, uno por 4.346 millones de pesos para construir el acueducto en el municipio de Landázuri, obra que aún no se ha terminado.

Los testimonios de los testigos clave del caso apuntan a que Ballesteros habría solicitado una millonaria ‘coima’ por la adjudicación del contrato para la construcción de dicho acueducto, entre otras irregularidades.