Comunidad en Huila denuncia que disidencias Farc los presionan para que expulse a Ejército

La comunidad de Algeciras, en Huila, departamento al que viajó una mujer y desapareció, es la nueva víctima de la estrategia de la organización criminal Estado Mayor Central (Emc), que amenaza a los pobladores para obligarlos a expulsar a la Fuerza Pública de su área de interés.

Según las denuncias de varios campesinos, desde principios de noviembre esta disidencia de las Farc comenzó a distribuir panfletos y mensajes por chats de WhatsApp, citando a la gente a varias reuniones de carácter obligatorio en la zona rural.

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La más reciente fue el pasado 23 de noviembre en la vereda La División, en la cual algunos miembros del frente Comandante Darío Gutiérrez del Emc le dieron instrucciones a la comunidad, relacionadas con normas de convivencia, asonadas para oponerse a los operativos militares y carnetización de los residentes.

Con estas órdenes, que al parecer son orquestadas por el cabecilla alias ‘Sergio Carvajal’, los disidentes pretenden un control social extremo de la vereda y contrarrestar las acciones del batallón de Alta Montaña que los militares tienen en el sector.

Las denuncias de la comunidad fueron confirmadas por la Quinta División del Ejército y la Gobernación de Huila. En conversación con el diario local La Nación, el secretario de Gobierno departamental, Mauricio Muñoz, precisó que “las disidencias están presionando a los presidentes de juntas de acción comunal para que ellos movilicen a la población buscando sacar al Ejército”.

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El funcionario agregó que esto no solo se presenta en Algeciras, sino también en los municipios de La Argentina, La Plata e Íquira.

La estrategia de presión social, tal cual ha venido denunciando El Colombiano, aliado de Pulzo, se aplica en todos los departamentos en los que delinque el Emc.

Para citar dos casos recientes, el pasado 21 de octubre en la vereda San Jorge, de San José del Guaviare, una muchedumbre de campesinos le salió al paso a un grupo de 40 soldados, cuya misión era asegurar el territorio con miras a los comicios regionales; rodearon a la tropa, les retuvieron los celulares y radios, secuestraron a 18 uniformados y les dijeron que tenían que abandonar la zona.

El día siguiente ocurrió otro hecho idéntico en el corregimiento Travesías, de Briceño, Antioquia (donde un hombre asesinó a su jefe): 150 lugareños rodearon a 35 militares, les hurtaron celulares y los expulsaron del sector.

Aunque se trata de una estrategia bastante conocida, ni el Ministerio de Defensa ni la Fuerza Pública han logrado consolidar un plan de respuesta. Con la comunidad en medio del conflicto, han preferido retirar a las tropas, dejándole el paso libre a los criminales.