Golpe a las bandas de Itagüí: capturan a líderes de “El Ajizal” y “La Unión” tras megaoperativo policial

En la ciudad de Itagüí, Antioquia, recientes operativos coordinados entre la Policía Metropolitana y la Fiscalía lograron desarticular dos bandas criminales conocidas como “El Ajizal” y “La Unión”. La captura de trece miembros de estos grupos pone de manifiesto los resultados de una investigación sostenida y el trabajo conjunto de las instituciones judiciales con apoyo de denuncias ciudadanas. Según el reporte oficial de la Policía Nacional, estas organizaciones estaban involucradas en actividades de robo, extorsión y tráfico de estupefacientes, amenazando la tranquilidad y el bienestar de las comunidades residentes en la región del Valle de Aburrá.

El primer operativo tuvo lugar en la zona rural, específicamente en las veredas Los Gómez, El Ajizal y El Porvenir, además del municipio de Barbosa. Durante esta acción, fue capturado el presunto líder de “El Ajizal”, alias “Verruga”, junto a cuatro personas identificadas como “Guache”, “Geovani”, “Chinga” y “Chandy”. Las investigaciones, basadas en información proporcionada por los habitantes locales, demostraron que estos sujetos participarían en delitos de desplazamiento forzado, extorsión y coerción para inducir a terceros a delinquir, situación que agrava el panorama de inseguridad. Se estima que esta banda generaba ingresos superiores a los 5.000 millones de pesos anuales a partir de actividades ilícitas en barrios como El Porvenir, La Hortensia y Ciudadela del Valle, exacerbando las problemáticas sociales en la zona, de acuerdo con el informe de la Fiscalía y la Gobernación de Antioquia.

En paralelo, el segundo operativo incluyó nueve allanamientos, lo que permitió la captura de nueve integrantes del grupo “La Unión”. Dentro de los detenidos se identificaron coordinadores significativos como “Estiven”, quien registra ocho años de historial en actividades criminales, además de “Yan”, “Brayan” y “Payaso”. La Fiscalía sostiene que este grupo, además de distribuir estupefacientes, utilizaba menores de edad en actividades ilícitas, incrementando el impacto social negativo y despertando inquietudes en organismos de protección de derechos humanos. Estas acciones criminales se concentraban en barrios populares como El Hueco de Calatrava, El Progreso y El Rosario.

Ambos casos evidencian la sofisticación de las estrategias policiales y judiciales para enfrentar la diversificación y territorialización de las bandas dedicadas a delitos graves. De acuerdo con el Observatorio de Seguridad y Convivencia de Antioquia, el desplazamiento interno y la inseguridad persistente reflejan una estructura criminal que aprovecha la vulnerabilidad social y geográfica, como ocurre en áreas rurales donde las autoridades enfrentan mayores dificultades para intervenir. Asimismo, las investigaciones lideradas por la Universidad de Antioquia resaltan la necesidad de acciones conjuntas entre autoridades y programas sociales para erradicar prácticas como el reclutamiento de menores y el control social ejercido por los criminales.

Tras las detenciones, los acusados se encuentran bajo medidas de aseguramiento privativas de la libertad, mientras continúan las investigaciones judiciales. Los dispositivos electrónicos incautados serán claves para esclarecer el alcance de las redes ilegales. Este caso de Itagüí se inscribe en una tendencia nacional: solo en 2024, la Policía Nacional reportó más de 200 operativos similares, lo que permite visualizar un avance institucional que, sin embargo, aún enfrenta grandes desafíos en la pacificación y estabilidad de comunidades afectadas por estructuras criminales. Así, la ofensiva frente a “El Ajizal” y “La Unión” reclama persistencia y estrategias integrales para generar cambios duraderos en la seguridad y la convivencia comunitaria.

¿Qué es el desplazamiento forzado y por qué preocupa en la región de Itagüí?
El desplazamiento forzado se refiere a la expulsión obligada de personas o familias de sus hogares, generalmente a causa de amenazas, violencia o conflictos armados. En el contexto de Itagüí, las investigaciones oficiales señalan que organizaciones como “El Ajizal” causaron el desplazamiento de al menos cinco personas, utilizando mecanismos de coerción e intimidación. Este fenómeno contribuye a la fragmentación social y agrava la vulnerabilidad de las comunidades, quienes enfrentan dificultades para acceder a justicia y restablecer su vida cotidiana, lo que tensiona aún más la estabilidad local.

La preocupación es intensa porque la consolidación de bandas como “El Ajizal” ha complejizado la respuesta institucional. El desplazamiento interno implica la ruptura de lazos familiares y pérdidas económicas considerables, llevando a un incremento en la inseguridad y el desarraigo en zonas rurales y urbanas. Los informes del Observatorio de Seguridad y Convivencia de Antioquia muestran que los desplazados suelen buscar resguardo en áreas vecinas igualmente vulnerables, convirtiéndose en nuevos focos de riesgo social y criminalidad.

¿De qué manera afecta el reclutamiento de menores de edad por bandas criminales?
El reclutamiento de menores por estructuras criminales, denunciado en el caso de “La Unión”, representa un desafío crítico en materia de derechos humanos y seguridad pública. Según la Fiscalía y testimonios recogidos durante los operativos, estos grupos se valen de menores para llevar a cabo actividades ilícitas, aprovechando su condición de vulnerabilidad y la dificultad de inserción social en entornos empobrecidos. Esta práctica, además de su carácter ilegal, tiene efectos devastadores en la integridad física y emocional de los jóvenes involucrados.

La utilización de menores perpetúa ciclos de violencia y dificulta seriamente los esfuerzos de prevención y reintegración social. Los análisis de la Universidad de Antioquia recalcan que la respuesta a este problema exige estrategias interdisciplinarias, que involucren tanto la acción policial y judicial como políticas públicas orientadas a la protección de la infancia, la educación y el fortalecimiento de programas sociales adaptados a contextos de alta vulnerabilidad. El involucramiento de menores en estos grupos contribuye a la permanencia y expansión de estructuras criminales en el Valle de Aburrá.