La administración entrante ha iniciado una ofensiva sin precedentes para escrutar el manejo de los recursos públicos durante el periodo de gobierno que finaliza. Bajo la dirección del equipo designado por el presidente electo, Abelardo De La Espriella, se ha puesto en marcha una auditoría profunda sobre un volumen alarmante de denuncias que supera los 170 casos, los cuales abarcan desde presuntos direccionamientos contractuales hasta el uso indebido de bienes del Estado, según informó El Tiempo.
Esta labor, que comenzó tras la suspensión del empalme, se apoya en el cruce de información pública disponible en el Secop y alertas de prensa. El proceso es riguroso: las denuncias son evaluadas técnicamente por el auditor forense Carlos Sánchez, cuyo concepto técnico es la base para que el equipo jurídico proceda con la radicación de denuncias penales, quejas disciplinarias y procesos de responsabilidad fiscal. A la fecha, diez de estos casos ya han sido formalmente puestos en conocimiento de las autoridades judiciales y de control.
Entre los focos más preocupantes de la auditoría se encuentra la política de compra de tierras. Se han detectado irregularidades en un convenio entre la Sociedad de Activos Especiales (SAE) y la Agencia Nacional de Tierras (ANT). Según se ha documentado, existe una incertidumbre jurídica crítica, pues muchos de los predios adquiridos no figuran titulados a nombre del Estado y podrían estar sujetos a medidas cautelares en procesos judiciales, lo que implica un riesgo alto de restitución a sus dueños originales, de acuerdo con el citado medio.
Otro expediente de alto perfil involucra a Cenit, filial de Ecopetrol, donde un contrato superior a los 21.108 millones de pesos, adjudicado a la firma Gesycobro S.A.S., habría sido otorgado dejando de lado a compañías con mayor trayectoria en el sector. Sumado a esto, las denuncias tocan al presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, por su presunta participación en juntas directivas y uso de vehículos y aeronaves oficiales mientras se encontraba en licencia tras ser imputado por cargos de tráfico de influencias, según el informe periodístico.
La lista de irregularidades es extensa y preocupante. Incluye la ejecución del programa Caminos Comunitarios para la Paz, un contrato del ICBF con un hospital intervenido en Chocó para atender población vulnerable, y sospechas de direccionamiento en Invías, electrificadoras y la Vicepresidencia Jurídica.
Un aspecto revelador de este proceso es el origen de gran parte de la información. Altas fuentes confirmaron que los propios funcionarios salientes, en un acto de “emancipación”, han estado entregando datos clave sobre presuntos hechos de corrupción que presenciaron desde dentro, buscando que estos actos no queden en la impunidad y sean investigados por los entes competentes.