De la Espriella pone contra las cuerdas a Petro: hizo solicitud de última hora a EE. UU.

El mandatario entrante instruyó a su vicepresidente y coordinador de empalme, José Manuel Restrepo, para radicar denuncias penales inmediatas.

El empalme presidencial entre la saliente administración de Gustavo Petro y el gobierno electo de Abelardo De La Espriella escaló de manera definitiva hacia los estrados judiciales internacionales. Lejos de limitarse a la tradicional revisión presupuestal o al alud de contrataciones exprés detectadas en los ministerios, el mandatario entrante sacudió el tablero político al ordenar una ofensiva judicial inmediata, rigurosa y transnacional frente a las recientes denuncias periodísticas que enredan a altos funcionarios del Pacto Histórico con las estructuras de mando de la organización narcoterrorista Clan del Golfo.

Haciendo gala de su perfil de penalista y bajo la premisa de no permitir zonas grises en la seguridad nacional, De La Espriella designó formalmente a su vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, al frente del denominado Comité de Empalme Anticorrupción. La instrucción es contundente: recopilar y evaluar todo el material probatorio disponible para sentar en el banquillo de los acusados a los responsables, extendiendo el cerco legal hasta los organismos de control en Washington.

“El pueblo colombiano nos ha confiado la responsabilidad de recuperar el monopolio legítimo de la fuerza, restablecer el orden público y garantizar que ningún servidor público permanezca al margen del escrutinio de la justicia cuando existan motivos suficientes para investigar su conducta”, sentenció con severidad el presidente electo.

El plan estratégico trazado por la administración de la centroderecha para desmantelar lo que califican como un “entramado de connivencia con el crimen organizado” se ejecutará bajo tres dimensiones institucionales:

José Manuel Restrepo tendrá la tarea de articular los hallazgos técnicos para interponer de manera urgente las denuncias penales ante la Fiscalía General de la Nación, así como los procesos disciplinarios ante la Procuraduría. El foco principal de esta primera oleada judicial estará sobre el ex alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, uno de los alfiles más cuestionados de la política de ‘Paz Total’ y directamente salpicado por los testimonios y presuntos acuerdos prefabricados con los jefes de las redes del narcotráfico.

Quizás el movimiento más agresivo del gobierno entrante radica en saltarse los canales burocráticos locales y remitir formalmente los archivos e inteligencias al Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Debido a que el Clan del Golfo es considerado un objetivo prioritario de alto impacto para las agencias norteamericanas por el tráfico transnacional de cocaína, el equipo de De La Espriella busca determinar si las actuaciones de los funcionarios de Petro configuran delitos federales conspirativos que interesen a las cortes de ese país.

La vicepresidencia evaluará la procedencia técnica de radicar los expedientes ante tribunales y organizaciones internacionales, argumentando que las supuestas prebendas, parálisis operativas de las Fuerzas Militares y coordinaciones con las mafias constituyen una violación sistemática a los compromisos y tratados internacionales de lucha contra el crimen organizado suscritos por el Estado colombiano.

Funcionario / Entidad en la Mira	Cargo / Rol en el Gobierno Petro	Acción Jurídica Instruida	Ente Receptor del Caso
Danilo Rueda	Ex Alto Comisionado para la Paz	Evaluación integral de actuaciones y denuncias penales directas.	Fiscalía General de la Nación
Altos Funcionarios del Despacho	Coordinadores de la ‘Paz Total’	Apertura de pliegos e investigaciones de carácter administrativo.	Procuraduría General / Inpec
Canales Diplomáticos de EE. UU.	Departamento de Justicia (DoJ)	Envío de expedientes para su conocimiento y evaluación transnacional.	Justicia Federal Estadounidense
Organismos Multilaterales	Tribunales Internacionales	Denuncia por violación de tratados de lucha antiterrorista.	Corte Penal / Convenios ONU

Este giro institucional ratifica lo anunciado por De La Espriella tras frenar en seco los beneficios al Clan del Golfo en Córdoba: la transición democrática no significará un pacto de silencio ni un borrón y cuenta nueva frente a la herencia del Pacto Histórico. Para el designado ministro del Interior, Rodrigo Lara, este blindaje judicial será indispensable para asumir las riendas de un país cuyas instituciones del orden público se reportan severamente fracturadas en las regiones periféricas.