De la Espriella meterá mano a las protestas: Policía a cuatro metros y nuevas reglas

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El gobierno de Abelardo De La Espriella alista decreto para regular las protestas, otorgando nuevas facultades de intervención a la Fuerza Pública.

El gobierno del presidente Abelardo De La Espriella dio un paso al frente en materia de orden público al dejar listo el borrador de decreto con el que planea regular el derecho a la protesta en el país. La iniciativa, articulada directamente desde el Ministerio del Interior, se conoce apenas unos días después de que el mandatario encendiera el debate nacional al anunciar medidas especiales enfocadas en el control y la seguridad dentro de las universidades públicas.

Si bien el documento ratifica de entrada que se mantiene la presunción de que las manifestaciones son pacíficas y blinda el principio de no estigmatización para quienes salen a las calles, la normativa deja abierta una puerta clave: el uso legítimo de la fuerza podrá emplearse incluso en medio de los procesos de diálogo y concertación con los actores involucrados.

El borrador enumera con extrema precisión los escenarios que obligan a una intervención directa de las autoridades. La Fuerza Pública podrá actuar de inmediato si desde el inicio de la concentración se detectan situaciones como el porte o empleo de armas, la retención de personas (privándoles de la libertad), graves daños a la infraestructura y ataques directos contra terceros ajenos a la protesta, categoría en la que se blindará expresamente a servidores públicos, policías, personal médico y periodistas.

Entre las novedades operativas destaca la instrucción de mantener una presencia disuasiva pero cercana por parte de las autoridades. El texto establece que los miembros de la Policía Nacional deberán realizar un dispositivo de acompañamiento a una distancia mínima de cuatro metros, con el propósito de blindar tanto el ejercicio pacífico de los manifestantes como la integridad de transeúntes y ciudadanos ajenos a la movilización.

Asimismo, la normativa busca equilibrar la balanza constitucional, señalando que ningún derecho puede ejercerse por encima de los demás. En este sentido, se prioriza la ponderación de la protesta frente a bienes jurídicos fundamentales como la vida, la salud, la movilidad, el trabajo, la educación y la correcta prestación de servicios públicos esenciales.

Como parte de la estrategia para mitigar los impactos colaterales de las marchas, el articulado dispone que las mesas de conversación e interlocución institucional incorporen de manera formal a gremios económicos y delegados de las Juntas de Acción Comunal (JAC). Su objetivo principal será auditar y revisar en tiempo real las afectaciones directas sobre las actividades productivas y la tranquilidad de las comunidades residenciales.

Este paquete normativo aterriza en un terreno ya de por sí caldeado. Hace dos semanas, durante una alocución televisada, el presidente De La Espriella advirtió que preparaba un andamiaje legal para ingresar a los campus universitarios con el fin de identificar a los promotores de violencia. Aunque el Ejecutivo ha insistido en que estas medidas no vulneran la autonomía universitaria, el anuncio desató una ola de reacciones en diversos sectores políticos y académicos, desde donde se le ha exigido al Gobierno priorizar el entendimiento y el diálogo por encima de la intervención de la fuerza.