Norte de Santander toma medida por crisis en Catatumbo; crece número de desplazados

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Según el último reporte, ya van más de 18.000 personas desplazadas en ese departamento por los combates que continúan entre el Eln y las disidencias Farc.

El gobernador de Norte de Santander, William Villamizar, anunció este lunes la declaratoria de emergencia social y económica en el departamento debido a la grave situación humanitaria que se vive en el Catatumbo, producto de los enfrentamientos entre el Eln y las disidencias de las Farc.

(Lea también: Preocupación por medida que evalúa Gustavo Petro para frenar violencia en el Catatumbo

A través de los decretos 0042 y 0043 del 20 de enero de 2025, la administración departamental busca fortalecer la atención a las víctimas y desplazados en municipios como Ocaña, Tibú y Cúcuta.

“Son acciones que permiten mover el presupuesto para adquirir alimentos, medicinas, colchonetas, ventiladores, ropa y todo lo que necesita la comunidad”, indicó el gobernador Villamizar, quien destacó que las medidas permitirán atender de manera más efectiva a los afectados por la crisis.

El gobernador expresó la necesidad urgente de apoyo tanto del Gobierno Nacional como de la ciudadanía para mitigar el impacto de la violencia en la región.

Presidente Gustavo Petro decretó conmoción interior

La declaración de emergencia se produce poco después de que el presidente Gustavo Petro anunciara decretar un estado de conmoción interior y emergencia económica debido a la situación en el Catatumbo.


La violencia en el Catatumbo ha desplazado a más de 18.000 personas, según la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA).

Desde el 16 de enero, 18.359 personas salieron desplazadas de los municipios de San Calixto, Hacarí, Teorama y Tibú, buscando refugio en Ocaña, Cúcuta y Tibú, donde se han instalado en albergues temporales.

Además, alrededor de 1.000 colombianos han cruzado hacia Venezuela en busca de protección internacional.

La OCHA también alertó sobre los ataques a civiles, líderes comunitarios y firmantes de paz, además de la ocupación de viviendas y la restricción a la misión médica. La situación sigue siendo crítica y las autoridades aún no han podido acceder a todas las zonas afectadas por los combates.

 

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