“Objetivo prioritario”: destapan nuevos detalles de investigación de la DEA contra Petro
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Según la Administración de Control de Drogas (DEA), desde 2022 el nombre del presidente colombiano está vinculado a indagaciones sobre narcotráfico.
El presidente Gustavo Petro aparece mencionado en registros de la Administración para el Control de Drogas (DEA) como un “objetivo prioritario”, en el marco de investigaciones adelantadas por fiscales federales en Estados Unidos.
(Vea también: ¿Petro podría ir a la cárcel en EE. UU.? Dicen cuándo se sabrá resultado de nueva investigación)
Entre las hipótesis evaluadas por las autoridades estadounidenses se incluyen presuntos contactos con estructuras criminales, posibles beneficios a narcotraficantes en el contexto de políticas como la “paz total” y eventuales irregularidades ligadas a su campaña presidencial.
De acuerdo con información revelada por The Associated Press (AP) y citada por medios internacionales, los cuestionamientos contra Petro sobre presuntos vínculos con el narcotráfico iniciaron en 2022, al parecer, por declaraciones de informantes y líneas de inteligencia relacionadas con redes de narcotráfico. Sin embargo, Petro y su abogado han negado los señalamientos.
En este sentido, fiscales de Brooklyn y Manhattan han interrogado a personas vinculadas con estos delitos para esclarecer si existieron gestiones indebidas, como supuestas solicitudes de sobornos a cambio de frenar procesos de extradición.
¿Por qué investigan a Gustavo Petro en Estados Unidos?
Las indagaciones en EE. UU. se originan en varias líneas que buscan establecer si existieron posibles vínculos indirectos con estructuras del narcotráfico, entre ellas menciones a presuntos contactos con el Cartel de Sinaloa y a un supuesto aprovechamiento de la política de ‘paz total’ para favorecer intereses de grupos ilegales, según recogió Semana.
Dentro de los elementos que analizan las autoridades también figuran versiones sobre presuntos aportes de organizaciones criminales a campañas políticas, así como hipótesis relacionadas con el uso de canales institucionales para facilitar el tráfico de drogas como cocaína y fentanilo a través de puertos en Colombia.
En ese contexto, la DEA habría incluido su nombre bajo la categoría de “objetivo prioritario”, una clasificación que esa agencia reserva para personas que, según sus análisis, podrían tener un impacto relevante en las dinámicas del narcotráfico.
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