Claudia Palacios critica las movilizaciones y Paloma Valencia les pone cifras alarmantes

La periodista y la senadora, cada una por su lado, analizan esas manifestaciones de protesta que vienen en aumento, pero afectadas con expresiones violentas.

Las más recientes de esas expresiones violentas fueron, por ejemplo, el incendio de la casa de comandante de Policía de Pereira, con su familia adentro, en el marco de las protestas de estudiantes de Universidad Tecnológica de Pereira; y los ataques, también de encapuchados, contra la sede del Icetex en Bogotá, que pretendieron incendiarla con bombas molotov. La lista hacia atrás de casos similares es extensa.

Eso ha dado pie para que el ministro de Defensa, Guillermo Botero, haya empezado a mover la idea de que es necesario reglamentar la protesta social, lo que ha despertado varias voces a favor y en contra en todo el país.

Este jueves, día en que marcharon nuevamente en Bogotá diferentes sectores, entre ellos, docentes y estudiantes del Sena (que también protestaron la víspera, sin que estuvieran programadas esas manifestaciones), Claudia Palacios se refirió al tema en su columna de El Tiempo y dice que las agresiones a periodistas evidencian que “el sinsentido es inherente a las movilizaciones masivas, pues estas crean el escenario perfecto para el desahogo primario y descontrolado de la indignación, que a su vez es azuzada por quienes convierten causas legítimas en catalizadores de odio o de miedo”.

Palacios cree que quienes convocan las protestas “no deben lavarse las manos” por las “consecuencias indeseables” de esas manifestaciones, porque encuentra, como se ha constatado permanentemente, que “siempre hay disturbios aunque las marchas transcurran en paz”. Por eso, plantea, entonces, “manifestarse de otra manera”.

Advierte, además, un hecho preocupante: que usar para todo la movilización en las calles se está volviendo en “parte del paisaje” de las ciudades. A partir de esas consideraciones, plantea que “la movilización en las calles debería dejarse para los casos en los que la institucionalidad no opera”, no para pedir “la derogación o modulación de un decreto de aumento del precio de los combustibles o para exigir el cumplimiento de un acuerdo educativo, entre otras muchas causas”.

Pero la senadora del Centro Democrático Paloma Valencia revela en su columna de El Nuevo Siglo unas cifras que dan la dimensión de lo que le representan esas manifestaciones al país, para después hacer su recomendación: “Los colombianos debemos aprender a protestar sin destruir valor”.

Empieza por recordar que la Constitución garantiza que el pueblo pueda reunirse y manifestarse pública y pacíficamente. Pero pese a esa garantía, para Valencia, “las manifestaciones en nuestro país se han convertido en eventos pavorosos, cuyo propósito principal es violentar los derechos de otros para expresar inconformismo”.

Y pasa a los números, aunque no precisa de dónde los saca. Según ella, en 2018 “hubo 66 días de paro estudiantil, 49 de paro judicial, 26 de indígena, entre otros”, y en lo que va de 2019 “se han registrado 3.463 protestas en 463 municipios del país”, en las que “se han contabilizado más de 380 bloqueos y 93 disturbios”.

“De las manifestaciones de este año, el 45% corresponde a los estudiantes y al magisterio. […]. Fecode […] ha marchado más de tres veces este año. En 17 años se han dado 478 paros. Un estudio de la Universidad Javeriana reveló que por paros los estudiantes pierden el 35% de las jornadas de clase. Se ha violado el derecho de la educación de 8 millones de niños”, agrega Valencia.

Con todo, otras opiniones, como la de Soraya Gutiérrez Argüello, que preside el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, sostienen que “limitar la protesta social es andar el camino del autoritarismo y significa violentar la democracia”.

“La única vía para desactivar las marchas es que el Estado cumpla, que siempre piense en la gente, que no sea vocero de intereses privados”, escribe Gutiérrez Argüello en una columna que publica en Pulzo, y asegura que “la movilización y el cese de actividades se vuelven el único camino de mujeres y hombres del campo, estudiantes, integrantes de la rama judicial, de la educación públicas, de las familias, de las comunidades indígenas y afrocolombianas y víctimas del conflicto, entre muchos otros”.