Catatumbo bajo fuego: dos jóvenes mueren en cruce armado y la crisis humanitaria se agrava en Norte de Santander

La situación de orden público en el departamento de Norte de Santander ha alcanzado un nuevo episodio doloroso, con la muerte de dos jóvenes habitantes durante un cruce de fuego entre grupos armados ilegales. Según lo informado por las autoridades y recogido por El Espectador, el enfrentamiento tuvo lugar en la zona rural de El Tarra, específicamente en el corredor vial que conecta La Angalia y Puerto Catatumbo, cerca del sitio denominado Filo El Gringo. Estos hechos son una manifestación más de la profunda crisis humanitaria que afecta a la región del Catatumbo desde hace un año, motivada por la disputa armada entre el grupo guerrillero Ejército de Liberación Nacional (Eln) y el frente 33 de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), cuyo liderazgo ocupa alias "Calarcá".

De acuerdo con versiones de la comunidad y reportes de la policía, las víctimas se desplazaban en motocicleta cuando fueron sorprendidas por el intercambio de disparos; un artefacto explosivo, empleado en medio de los combates, causó su muerte de manera inmediata. Las autoridades lograron identificar a una de las personas fallecidas: Yeili Tatiana Durán Ascanio, quien conducía el vehículo y cuyo cuerpo fue remitido al municipio de Ocaña. Mientras tanto, la identidad del otro joven, de aproximadamente 22 años, aún permanece sin ser establecida por las autoridades.

Este episodio violento se inscribe en una coyuntura dramática para el Catatumbo, destacada por cifras oficiales que revelan el desplazamiento forzado de 91.727 personas en el último año como resultado directo de los enfrentamientos entre el Eln y las disidencias de las Farc. La Defensoría del Pueblo, guiada por Iris Marín Ortiz, ha alertado sobre el incremento en la utilización de artefactos explosivos y aseveró que la crisis viene acompañada de una sofisticación creciente de los mecanismos de violencia, como el uso sistemático de drones para ejecutar ataques.

Según el Comando General de las Fuerzas Militares, entre abril de 2024 y el 21 de diciembre de 2025 se han suscitado 394 ataques con drones, de los cuales 275 corresponden solo a 2025. Estos ataques han cobrado la vida de dos menores de edad y de 24 miembros de la Fuerza Pública, además de causar heridas a 43 civiles y dejar lesionados a 265 uniformados. Tales datos confirman que la violencia en el Catatumbo no solo afecta a combatientes, sino que representa un riesgo persistente y elevado para la población civil.

Ante este panorama, se fortalece la percepción de que la región se encuentra atrapada en una espiral de inseguridad, desplazamiento y violaciones de derechos humanos, una realidad que se refleja de manera recurrente en la información presentada por medios nacionales como El Espectador y que subraya la urgencia de buscar soluciones integrales a la crisis.

¿Qué mecanismos existen actualmente para proteger a la población civil del Catatumbo durante enfrentamientos armados?

La población civil en el Catatumbo se enfrenta a graves riesgos debido a la confrontación entre grupos armados ilegales, como lo evidencia el reciente fallecimiento de jóvenes atrapados en combate. El desplazamiento masivo, indicado por la expulsión de más de 91.000 personas en el último año, sugiere que los mecanismos de protección estatales y humanitarios han sido insuficientes para garantizar la seguridad de los habitantes. La Defensoría del Pueblo ha realizado alertas tempranas sobre la situación y ha solicitado mayores esfuerzos de prevención y protección.

En este contexto, la pregunta sobre los mecanismos existentes para proteger a la población civil resulta especialmente relevante, pues evidencia la necesidad de fortalecer las acciones de las autoridades y de la cooperación internacional para enfrentar una crisis cuya dimensión y gravedad, según las fuentes oficiales citadas, no deja de crecer.